La presión ejercida por las grandes compañías energéticas sobre el Gobierno para evitar su contribución al impuesto extraordinario ha dado sus frutos. En su lugar, el Ejecutivo propone un aumento del impuesto sobre el diésel de automoción, que recaerá directamente en el consumidor final y en los transportistas autónomos, con las probables consecuencias de una nueva subida generalizada de precios al consumo.

El impuesto extraordinario a las grandes energéticas y al sector bancario fue concebido como una medida temporal para que las empresas con altos beneficios durante la reciente crisis energética y financiera asumieran una mayor responsabilidad fiscal. Este impuesto tenía como objetivo sostener las finanzas públicas y mitigar los efectos de la inflación sobre la población española, buscando una fiscalidad progresiva que exigiera una mayor aportación a quienes obtuvieron extraordinarios beneficios en estos años de crisis.

Fuerza y poder de lobby

A pesar de los objetivos sociales y económicos del impuesto, grandes empresas como Repsol y Cepsa apoyadas por los partidos nacionalistas, y vinculado con su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, han llegado a amenazar con reducir sus inversiones en proyectos clave de energías renovables si la medida no se eliminaba. En una muestra de fuerza y poder de lobby, estas compañías han logrado que el Gobierno retire el impuesto, dejando en evidencia un chantaje fiscal que menoscaba la equidad tributaria y que desplaza la carga hacia el consumidor final.

Consecuencias sobre el consumidor final y sobre los transportistas

Para compensar la eliminación del impuesto a las energéticas, el Gobierno introduce un incremento de 10 céntimos en el impuesto sobre el diésel, que se hará efectivo a partir de enero de 2025. Esta subida repercutirá especialmente sobre los consumidores y sobre un gran número de transportistas españoles, esenciales para el transporte de mercancías en nuestro país. Asociaciones del transporte han advertido que este aumento comprometerá la viabilidad de miles de transportistas autónomos propietarios de vehículos de menos de 7,5 toneladas, que representan una tercera parte de la flota total en España. Al no ser elegibles para la devolución de impuestos por el gasóleo profesional, estos transportistas asumirán el impacto íntegro de este nuevo impuesto, amenazando su sostenibilidad y el coste final de los productos para los consumidores.

Por todo esto, desde AOPYDE exigimos al Gobierno que reconsidere esta medida y defienda los intereses de los ciudadanos y pequeños empresarios españoles. Solicitamos que las grandes energéticas asuman la carga fiscal proporcional a sus beneficios y que se libere a los transportistas y al consumidor final de un coste adicional injusto. El sistema fiscal debe priorizar la justicia y proteger a los sectores más vulnerables, no someterse a los intereses de un pequeño grupo de grandes corporaciones, desactivando, una vez más, la competitividad del sector.

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AOPYDE es la asociación que defiende los intereses comunes de los operadores petrolíferos y distribuidores de España en la industria y el comercio del petróleo, sus derivados, productos sustitutivos, complementarios y biocombustibles. AOPYDE seguirá luchando por la defensa de la competencia justa y el libre mercado en el sector de los hidrocarburos.