• La gran mayoría de socios de la Federación no han recibido aún la liquidación del mes de abril
• Las estaciones de servicio asociadas denuncian caos administrativo y asfixia económica

El propio Gobierno lo ha reconocido: más de la mitad de las estaciones de servicio no han cobrado las bonificaciones que han debido adelantar a los usuarios. Esto pone a las pequeñas estaciones de servicio de Galicia en una situación al borde del cierre definitivo. Así lo afirma el presidente de Federación Gallega de Estaciones de Servicio (FEGAES), Julio López: “La situación en Galicia se ve agravada por la gran cantidad de gasolineras de pequeñas dimensiones, que si no cobran inmediatamente se pone en riesgo su viabilidad con puestos de trabajo directos e indirectos que se perderán.”  El presidente de los gasolineros gallegos advierte además que “en el rural quedarán sombras de territorio en el suministro de carburante”.

Según la información manejada por la Federación, la gran mayoría de sus socios no han recibido aún la liquidación del mes de abril de los 20 céntimos por litro que debe aportar el Estado y que son adelantados por las estaciones de servicio.

Desde el inicio de la puesta en práctica de esta medida adoptada por el Gobierno FEGAES ha manifestado su disconformidad con la gestión de esta bonificación, al hacer que los empresarios de las estaciones de servicio actúen como prestamistas del Estado, adelantando esos 20 céntimos por litro.

Los empresarios gallegos lamentan la falta de empatía y desconocimiento por parte del Gobierno al insinuar que son ellos los que suben los precios, cuando la realidad demuestra exactamente lo contrario: que las estaciones de servicio gallegas son el último eslabón y que sufren la escalada de precios tanto como los usuarios finales.

 La falta de desarrollo del Real Decreto-Ley 672022 provoca que en cada Comunidad Autónoma se actúe de manera distinta, que las facturas de los repostajes no se ajusten exactamente a los requerimientos de Hacienda, con la posibilidad de futuras sanciones. En definitiva, la falta de previsión en la aplicación del decreto-ley está provocando una situación de asfixia económica, caos administrativo e inseguridad jurídica que se traduce en un clima de indefensión para todo el sector, asegura FEGAES.