El pasado lunes 15 de julio, varios operadores petrolíferos fueron dados de baja de su actividad a través de la solicitud fraudulenta de un gestor autorizado por Hacienda y sin haber visado la firma del falso representante de las sociedades afectadas.

Ante la denuncia púbica de los hechos desde diferentes actores del sector y la amenaza de acciones judiciales conjuntas por parte de la Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles (AOPYDE) contra la Agencia Tributaria, los operadores afectados han sido nuevamente dados de alta, revertiendo la situación con fecha 18 de julio.

Este caos injustificadamente creado, supone una inseguridad jurídica grave en el mundo de los negocios, ya que, dadas las circunstancias, cualquier empresa puede ser expulsada del mercado por un procedimiento administrativo fraudulento, sin control de la administración.

Estos hechos, además, suponen la apertura de la vía de la responsabilidad patrimonial de la administración por mal funcionamiento del servicio público. Se estima en varios millones de euros las pérdidas ocasionadas tanto a las operadoras que no han podido realizar operaciones de venta durante la baja, como a las estaciones de servicio que se quedaban sin suministro de producto.

Es de difícil comprensión que en un mercado de tan estricta regulación y perseguido sin tregua por estar bajo la sospecha constante de fraude, sea el mismo organismo regulador y supuesto garantista del correcto funcionamiento del sistema, quien caiga en semejante irregularidad, con todas las consecuencias que esto conlleva.

AOPYDE seguirá luchando por la defensa de la competencia justa y el libre mercado en el sector de los hidrocarburos.