• El gravamen en los términos actuales compromete la transición energética y el mantenimiento de las grandes inversiones necesarias para descarbonizar el sector y garantizar la seguridad de suministro, además de afectar negativamente a la competitividad de un sector estratégico para España.
• AOP advierte de que el trámite parlamentario del nuevo gravamen no ha servido para evitar todos los problemas de fondo que lo acompañan, tales como la posible doble imposición o la aplicación a actividades ajenas a la energética.
• AOP advierte de que en el trámite parlamentario no se han incluido las deducciones en el gravamen de las inversiones necesarias para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía y de la sociedad y para garantizar el aprovisionamiento en la UE, los que supone un claro desincentivo para dichas inversiones, en un momento en que son claves.

Tras la aprobación del dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación, y la consecuente avocación a Pleno del Congreso de la Proposición de Ley para el establecimiento de un gravamen temporal energético, AOP reitera su disconformidad con el planteamiento del mismo y lamenta que no se hayan abordado ni corregido algunos de los importantes problemas señalados por la asociación en el planteamiento y puesta en marcha de este nuevo gravamen.

AOP ya expresó las críticas al impuesto, motivadas por la falta de justificación real, los problemas en su planteamiento y los errores que derivarían de su aplicación, tal y como está configurado. La asociación señaló, asimismo, las preocupantes consecuencias que se podrían derivar de la puesta en marcha de este gravamen, que obligará a detraer recursos que hoy se dirigen a investigar e invertir en nuevas tecnologías que contribuyan a descarbonizar los productos y a mejorar la eficiencia energética de los procesos. Una merma de sus recursos podría comprometer, en especial, las inversiones para alcanzar la neutralidad climática a la que se han comprometido España y Europa.

Además, AOP ha señalado la grave afectación a un sector estratégico para la economía española, como es el refino, tal y como ha reconocido el Gobierno en el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), señalando que el sistema de refino español “se puede considerar único en Europa” por su “gran flexibilidad para adaptarse a todo tipo de situaciones, permitiendo a los agentes del mercado abastecerse [de crudo] de distintos orígenes”. Esto se debe a las inversiones que se realizaron entre 2008 y 2012, que alcanzaron casi los 7.000 millones de euros y permiten que hoy España tenga el suministro de combustibles garantizado, situación que puede verse comprometida con la puesta en marcha de nuevas cargas fiscales.

En este sentido, el sector del refino lamenta la oportunidad perdida que ha supuesto la tramitación parlamentaria de la norma en Comisión, ya que se mantienen relevantes incongruencias e inoportunidades señaladas de inicio por la propia Asociación. Entre ellas, destacan el riesgo de doble imposición con el Impuesto sobre Sociedades, los errores en la definición de la base imponible o los ingresos obtenidos de otras actividades no energéticas, como las ventas de productos distintos del combustible en las estaciones de servicio.

Tampoco se han incluido medidas que incentiven, o al menos no impidan, las inversiones necesarias para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía y para garantizar el aprovisionamiento en la UE, deduciendo del gravamen la realización de inversiones, o el compromiso de realizarlas en el futuro (2022-2027) mediante planes de inversiones, destinadas a la descarbonización y a la transición energética.

En definitiva, con este gravamen se castiga a un sector clave y especialmente estratégico en la coyuntura geopolítica actual, mermando su competitividad y comprometiendo sus inversiones en la descarbonización y en la transición energética.

Sobre AOP

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) está formada por compañías energéticas que operan en España en los mercados de refino, distribución y comercialización de productos petrolíferos: BP, Cepsa, Eni, Galp, Gunvor, Repsol y Saras.

Se constituyó en 1993 con el objetivo de defender los intereses generales de sus asociados ante la liberalización del mercado de productos petrolíferos, la competencia entre operadores y la libertad de elegir para los consumidores. Desde entonces, ha participado tanto en los cambios regulatorios como en la evolución del sector, incluidos hitos como la liberalización total, con la posibilidad de abrir estaciones de servicio en hipermercados y supermercados, el proceso de digitalización de la industria o, más recientemente, la transición energética y ecológica.

FUENTE AOP