• Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-E y UPI valoran positivamente la inclusión en el RDL 8/2023 de medidas para reducir el fraude en la distribución de combustibles líquidos, aunque insisten en que hacen falta medidas adicionales para frenar las prácticas fraudulentas, que proliferan en el sector desde hace años.
• Las asociaciones firmantes inciden en que es precisa una mayor determinación para avanzar en la lucha contra el fraude, con el objetivo de recuperar la recaudación del IVA actualmente defraudado, garantizar la seguridad de suministro de combustibles y la protección de los consumidores, preservar la competitividad del sector y favorecer el cumplimiento de los objetivos de descarbonización mediante la incorporación de biocarburantes.
• Productores y distribuidores ya están trabajando en una batería de medidas adicionales para luchar contra el fraude, que hará llegar a la Administración, a la que tiende la mano para colaborar y anima a seguir avanzando en esta dirección.

Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-E y UPI aplauden la incorporación de medidas orientadas a la lucha contra el fraude en la distribución de combustibles, recogidas en el reciente Real Decreto-Ley 8/2023, y anima al Gobierno a adoptar medidas adicionales que contribuyan a este objetivo, que constituye un problema muy grave, tal y como reconoce la propia exposición de motivos de la norma.

Las asociaciones firmantes consideran que es necesaria mayor determinación y nuevas medidas para perseguir y erradicar el fraude que tanto dañan al sector y a la sociedad.

Ya han denunciado en reiteradas ocasiones la proliferación de prácticas fraudulentas por incumplimiento de obligaciones sectoriales, como la de incorporación de biocarburantes, o de obligaciones fiscales, principalmente el IVA, ocasionando problemas de competencia desleal en el sector, así como para las arcas públicas, y los consumidores finales y la apuesta por la descarbonización de la economía.

En este sentido, productores y distribuidores valoran positivamente la prohibición de suministro entre distribuidores al por menor y de distribuidores al por menor a operadores al por mayor, dado que esta práctica facilitaba la creación de entramados societarios fraudulentos, tal y como reconoce la propia exposición de motivos de la norma, que actúan con total impunidad.

Del mismo modo, también consideran favorable la posibilidad de inhabilitar de manera permanente a aquellos operadores al por mayor que incurran en infracciones muy graves, como sería, por ejemplo, el incumplimiento de sus obligaciones de venta o consumo de biocarburantes, si bien esta medida para ser eficaz requiere que se mejoren los mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones y se agilicen los procesos de inhabilitación de los operadores incumplidores.

Por otro lado, recuerdan la importancia de agilizar la aprobación de la Orden ministerial, sometida a consulta en 2023, que incrementa la periodicidad del control del cumplimiento de los objetivos de incorporación de biocarburantes en el transporte, pasando a verificaciones trimestrales frente a las anuales actuales, y amplía el seguimiento e incrementa las cuantías de los pagos compensatorios ordenados a aquellas empresas que no incorporen el porcentaje mínimo de biocombustibles establecido. De hecho, la propia exposición de motivos del citado Real Decreto-Ley señala que siete empresas han dejado de pagar al Estado 95 millones de euros por este concepto sólo en 2022.

En todo caso, consideran un buen punto de partida el RDL 8/2023, tanto por su exposición de motivos como por las medidas que incluye, y anima a la Administración a seguir avanzando en esa dirección. Para ello, Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-E y UPI están trabajando ya en una batería de medidas que abordan desde el ámbito fiscal, fundamentalmente para garantizar el ingreso del IVA, y medioambiental, hasta el de importación y el control administrativo, pasando por el del ejercicio de la actividad.

El objetivo es poner estas medidas en conocimiento de la Administración y tender la mano al Ejecutivo para trabajar conjuntamente en todos los avances necesarios para frenar el fraude en España, y, en consecuencia, a garantizar la seguridad de suministro de combustibles, a preservar la competitividad del sector, la protección de los usuarios y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.

Sobre las asociaciones firmantes:

Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-E y UPI representan a toda la cadena de valor de la producción y distribución de carburantes y biocarburantes y a más de 220000 trabajadores y más de 800 empresas.

FUENTE AOP