El pasado día 14 de octubre el BOE publicaba el Real Decreto 903/2017 del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), una disposición que de no ser por el recurso contencioso administrativo recién interpuesto contra el mismo por la CNMC ante el Tribunal Supremo habría pasado, a buen seguro, inadvertido para la mayoría de los mortales, pero que puede llegar a tener una indeseable e innecesaria nefasta repercusión en todos los consumidores.

La cuestión a tener en consideración y no perder de vista no está tan sólo en el desvío de competencias -principalmente en los sectores eléctrico y de hidrocarburos- hasta el presente asumidas por la CNMC al MINETAD, la cuestión es si podemos creer y esperar que los mismos organismos encargados del desarrollo y ordenación general de la política energética y minera actuarán con la transparencia e independencia con la que hasta ahora lo ha venido haciendo la CNMC, y si realmente resulta creíble que velarán por los intereses de todos los ciudadanos y de las empresas que aspiran a operar y competir en unos sectores trascendentales sustentados en sistemas claramente oligopolistas.

En el ámbito del sector de los hidrocarburos, a partir de ahora, la Subdirección General de Hidrocarburos, que depende de la Dirección General de Política Energética y Minas será la encargada de la expedición de los certificados y la gestión del mecanismo de certificación de consumo y venta de biocarburantes, de la supervisión del mercado de hidrocarburos líquidos, y del análisis y seguimiento de la toma de participaciones en el sector de hidrocarburos, funciones estas que se sumarán a las que ya viene desarrollando en la actualidad.

Confiemos, pues no nos queda otra, en que los responsables de estos organismos desempeñen sus funciones con total transparencia, equidad, eficacia y eficiencia, para que realmente exista y funcione un sector de trascendental relevancia para los ciudadanos, en el que los distintos agentes puedan competir en igualdad de condiciones, ya que de ello dependerá, en buena medida, que no tengamos que pagar por los carburantes precios abusivos y concertados, y podamos tener acceso a un mayor número de proveedores que los actuales a quienes se está inhabilitando indiscriminadamente o a quienes en contra de todas las normas legales de competencia se les está impidiendo el libre acceso a una actividad que en nuestro país continúa sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos que claramente persiguen restringir el acceso en beneficio de unos pocos de facto blindados institucionalmente.

Julio Benito Sánchez
j.benito@juben.es 
www.juben.es 
@JubenAsesores