El informe realizado por FIDE Asesores Legales y Tributarios a petición de la Associació Provincial d’Estacions de Servei de Barcelona, concluye que las unidades de suministro no atendidas y las de autoservicio, es decir, las llamadas “Low Cost”, presentan dificultades para cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad y pueden atentar contra los derechos básicos de consumidores y usuarios.

La Associació Provincial d’Estacions de Servei de Barcelona ha remitido el estudio al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para denunciar la posible ilegalidad de las citadas unidades “Low Cost”. El hecho de que en las unidades de suministro no haya personal en pista ni personal especializado en la manipulación de mercancías peligrosas, como es el caso de los hidrocarburos, puede derivar en riesgos para los usuarios. Los peligros del autoservicio, sin apoyo de un empleado, se derivan en parte de la falta de vigilancia del cumplimiento de las normas por parte de los usuarios. Por ejemplo no se puede detectar ni evitar que algún cliente reposte fumando, con las luces encendidas, el motor en marcha o hablando por el teléfono móvil.

Por otro lado, existen otros peligros, puesto que no es posible controlar el uso de envases no homologados, ni evitar posibles derrames o comprobar que no haya peligro después de una pequeña fuga, no se puede detectar si hay mangueras en mal estado ni sustituir rápidamente, ni es factible garantizar el permanente abastecimiento.

Las unidades de suministro en las que no existe personal entrañan también un riesgo en las operaciones de carga y descarga del combustible, puesto que se pueden producir accidentes y vertidos como el sobrellenado del tanque y posterior vertido, o el vertido superficial del producto en la zona de descarga.

Destaca también el hecho de que este tipo de establecimientos pueden resultar discriminatorios para personas con algún tipo de discapacidad. Y por último a veces también resulta difícil cumplir con la normativa que afecta a derechos básicos de consumidores y usuarios, como facilitar el acceso a hojas de reclamaciones o a facturas de compra.

Por todo ello, el citado informe se cuestiona la legalidad de las unidades de suministro de carburante no asistidas. Y en algunos casos, los incumplimientos también son extrapolables a las unidades de suministro que, aunque no estén desatendidas totalmente, no cumplen con todos los requisitos legales analizados, si la persona que puede atender el servicio no está debidamente formada y/o no tiene plena dedicación durante todo el tiempo que la unidad de suministro se encuentra abierta al público.

Es decir, que las instalaciones Low Cost delatan una serie de deficiencias e incumplimientos vulnerando lo dispuesto en normativa de consumo, seguridad o lo establecido en disposiciones específicas de diferentes Comunidades Autónomas.

Destacan las deficiencias que se refieren a medidas de seguridad en la manipulación de mercancías peligrosas sin el control, supervisión y/o auxilio de una persona debidamente formada a los efectos.

También merecen especial atención las que afectan a derechos básicos de los consumidores o usuarios. Y por último están las que suponen la imposibilidad del acceso a un servicio público, tal y como se define en la resolución a la Consulta número 12/2003 del Instituto Nacional de Consumo, a personas con algún tipo de discapacidad, vulnerando un derecho fundamental recogido en los artículos 14 y 19 de la Constitución
Española.

Este informe ha sido elaborado a petición de la Associació Provincial d’Estacions de Servei de Barcelona como respuesta a una necesidad planteada a partir de las manifestaciones realizadas por las propias empresas titulares de estaciones de servicio en relación a posibles incumplimientos de obligaciones legales que afectan a las unidades de suministro, así como por las quejas formuladas por consumidores y usuarios.

FIDE Asesores Legales y Tributarios