Sobre la Proposición no de Ley relativa a los requisitos de seguridad de las gasolineras desatendidas

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El pasado 14 de octubre el Grupo Socialista presentó ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, una Proposición no de Ley relativa a los requisitos de seguridad de las gasolineras desatendidas por la que se insta al gobierno, entre otras cosas, a desarrollar y clarificar los requisitos de seguridad industrial de este tipo de gasolineras, establecer la obligatoriedad de que haya al menos un empleado en las estaciones de servicio para atender a los consumidores, modificar la instrucción técnica complementaria MI-IP-04 con el fin de incluir esta tipología de gasolineras en su articulado estableciendo controles y normas de seguridad más rigurosos y armonizados a nivel nacional.

En este sentido, se recogió algunas de las conclusiones que formuló FIDE en su Informe sobre las estaciones de servicio desatendidas. Se denunció la falta regulación estatal, lo que ha llevado a las Comunidades Autónomas a aplicar regulación dispar, perjudicando al ciudadano que va a repostar que no es objeto de un trato igualitario en función de la ubicación de la estación de servicio. En este contexto, muchas Comunidades Autónomas han decidido prohibir las gasolineras desatendidas, obligando la presencia de personal formado en la instalación.

Por otro lado, se pone de relieve la falta de seguridad jurídica de los agentes del sector, lo que redunda en una competencia desleal de este tipo de unidades de suministro, a falta de una normativa estatal que regule de forma clara, precisa y rigurosa esta categoría especial de estaciones de servicio. Como bien apunta la CNMC en su Informe de 28 de julio de 2016, en el resto de países comunitarios, en mayor o menor medida, las gasolineras low cost han sido implantadas y en algunos países nórdicos dominan con holgura el mercado minorista de hidrocarburos. Sin embargo, en dichos países no existe la inseguridad jurídica y la ausencia de regulación estatal que acontece en nuestro país.

A la luz de lo anterior, el Gobierno no parece dispuesto a prohibir la existencia de las gasolineras desatendidas, sino de establecer un marco legal con directrices en materia de seguridad más estrictas que para el resto del sector. Ello se trasluce del Proyecto de reforma de la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 guardado en el cajón donde se recogía en el Capítulo XIII medidas especiales de seguridad para las instalaciones desatendidas.

Jordi Porcel Gomila
Departamento Jurídico
FIDE Asesores Legales y Tributarios