Las enmiendas aprobadas en la Comisión de Hacienda modifican la ley del IVA e introducen una serie de medidas que impactan directamente en el sector de los hidrocarburos, a través de la actividad de los operadores al por mayor, generando inseguridad jurídica, distorsión en el mercado y una discriminación que pone en riesgo el principio de igualdad ante la ley.

Desde AOPYDE consideramos que la obligatoriedad de presentación de autoliquidaciones mensuales por parte de las operadoras garantiza un control más exhaustivo y efectivo, lo que beneficia latransparencia y la equidad en el sector. Esto, sumado al propio control que el REDEF realiza son herramientas más que suficientes para evitar el fraude del IVA y detectarlo con inmediatez. El resto de las medidas introducidas no hacen más que limitar de una forma extrema, el acceso de los empresarios e inversores al mercado mayorista de los hidrocarburos cerrándolo y acotándolo solamente a las grandes operadoras refineras.

Esta reforma legal choca frontalmente con el espíritu de todos los acuerdos fundacionales de la Unión Europea, desde el acta Única Europea de La Haya hasta el tratado de Lisboa de 2007, que consagran un mercado económico en el que la libre competencia y el ejercicio de la actividad económica por parte de los actores del mercado es un valor fundamental y prioritario en el desarrollo de la unión.

La «solución a la italiana»: institucionalizar el oligopolio.

La versión española de esta solución cuenta con la curiosa particularidad del concepto de «operador confiable». Se trata de la creación de un listado establecido por Orden del Ministerio de Hacienda, que otorga un poder discrecional a las autoridades fiscales, sin que exista un marco claro y predecible para su definición. Esta subjetividad genera una grave inseguridad jurídica, pues no existe un criterio transparente sobre qué empresas serán consideradas «confiables» y cuáles no, a excepción de las petroleras refineras, que, de antemano, parece que sí son confiables.

Una forma de quebrar el mercado y evitar la competencia que implica esta solución es la obligación para los «no confiables» del adelanto de un aval correspondiente al 110 % de los pagos de IVA realizados en los dos meses anteriores de actividad, depósito que no se especifica si será beneficio de la administración tributaria, o también podrá ser depositada en los depósitos fiscales, que garantizan solidariamente el pago del IVA.

Este punto también es controvertido, ya que esa famosa «solución italiana» puede ser de dudosa legalidad, ya que el IVA es un impuesto que se devenga después de la prestación del servicio y la consideración de aval previo en este concepto, despierta ciertas dudas sobre su consideración de penalización y acto preventivo de la administración, que casa mal con la consideración de impuesto que se devenga posteriormente a la prestación del servicio, no antes.

Estas medidas, lejos de mejorar el funcionamiento del sector y de crear un entorno más competitivo y eficiente, está llamada a distorsionar la competencia y a consolidar las ventajas de un reducido grupo de empresas. Así, las pequeñas y medianas se verán aún más excluidas del mercado, impidiéndoles su acceso al mercado, potenciando la creación de un monopolio en este sector, perjudicando al consumidor final, ya que impulsa políticas de cartel, crea una inseguridad jurídica evidente, al dejar en la indefinición muchos de los criterios que la administración debe adoptar, por lo que potencia la arbitrariedad de la administración, y, en definitiva, conculca las normas básicas rectoras de la Unión Europea, y termina por derogar de facto, la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, traspuesta a nuestro ordenamiento por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Esta normativa se creó para evitar toda la burocracia a la hora de prestar actividades de servicios, y en ninguna de las dos se excluye expresamente el sector de los hidrocarburos de su ámbito de aplicación, por lo cual se confirma que, contrariamente a la opinión general, la mera declaración responsable del candidato a operador le faculta, sin obstáculo de la labor inspectora posterior de la administración, al ejercicio de la actividad de operador al por mayor, sin necesidad de aparecer en el listado de la CNMC.

Si todas estas modificaciones llegan a ser aplicadas, representaría un serio retroceso en términos de seguridad jurídica y competencia en el sector de los hidrocarburos. Aunque las medidas introducidas buscan mejorar la eficiencia en el control del fraude del IVA, lo cierto es que la discriminación en favor de un pequeño grupo de empresas pone en peligro la equidad en el mercado, afectando gravemente a la libre competencia.

AOPYDE considera imperativo que se reconsideren estos cambios, ya que el mercado necesita unmarco claro, justo y accesible para todos los operadores, sin privilegios ni distorsiones que puedan perjudicar a la mayoría en favor de unos pocos.

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AOPYDE es la asociación que defiende los intereses comunes de los operadores petrolíferos y distribuidores de

España en la industria y el comercio del petróleo, sus derivados, productos sustitutivos, complementarios y biocombustibles.

AOPYDE seguirá luchando por la defensa de la competencia justa y el libre mercado en el sector de los hidrocarburos.