Un Juez de Madrid acaba de anular la licencia de una estación de servicio que llevaba funcionando desde 2015. Los vecinos, desde que se iniciaron las obras, no han dejado de denunciar esta instalación, que se ubica a escasos metros de sus casas, de un parque infantil y junto a un terreno para un centro de salud. La defensa de la legalidad a través de la Asociación vecinal, con recogida de firmas y movilizaciones, terminó finalmente en tribunales, donde ha dado sus frutos.

Los motivos jurídicos en los que se apoyaron los vecinos para impugnar la licencia fueron variados: la omisión de los trámites de información pública y notificación a los vecinos interesados; proyecto redactado por técnico no competente; no haberse tramitado la declaración de impacto ambiental en el procedimiento que dio lugar a la resolución; etc.

La Sentencia, reconoce diversas irregularidades administrativas. La que ha sido determinante en este caso es la omisión de la notificación a los vecinos que se habían personado. Como señala la sentencia, “la falta de notificación a quienes pudieran ser interesados motiva, no solo que no pudieran realizar alegaciones en dicho trámite, sino que como no se les ha notificado la resolución final del procedimiento, tampoco han podido impugnarla si a su derecho interesaba”.

Una ordenada defensa de la legalidad ha impedido de nuevo el “todo vale” que parece haberse instalado con respecto a las nuevas licencias en el ánimo de algunos.

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