• El sector respalda la aprobación de la Resolución por la que se incrementa el pago obligatorio al Fondo Compensatorio en caso de no disponer de los certificados de biocarburantes, medida que se venía solicitando desde la asociación, pero cree que no es suficiente por sí sola para atajar el fraude, que tiene un impacto negativo en el medio ambiente y en la competencia efectiva entre operadores.
• La Asociación reafirma su compromiso en la lucha contra el cambio climático y demanda una senda clara que defina los objetivos de incorporación de biocarburantes a conseguir hasta 2030.

Las compañías que integran la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) reconocen los avances realizados por la Administración para abordar este problema y, a este respecto, respaldan la reciente Resolución de la Secretaría de Estado de Energía. Esta medida incrementa el pago a realizar por los sujetos obligados al Fondo Compensatorio en caso de no disponer de los certificados suficientes para cubrir su obligación, que se había quedado desfasado respecto del coste diferencial entre los carburantes bio y fósiles, y que es una medida que se venía solicitando desde la asociación.

No obstante, AOP cree que la resolución aprobada no es suficiente por sí sola para atajar el fraude en el mercado de los biocarburantes, y que exige de una acción determinada para evitar poner en riesgo la consecución de los objetivos de reducción de emisiones. Los operadores que no incorporan el porcentaje obligatorio de biocarburantes provocan un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero arriesgando el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). A lo que se suma la competencia desleal y la obtención de beneficios ilegítimos provocando la pérdida de ventas de quienes cumplen la normativa vigente.

Estas prácticas fraudulentas se producen por la brecha de precio entre los biocarburantes y los combustibles tradicionales. Dada la falta de incentivo para introducir el biocarburante, hay operadores que cobran el carburante fósil al precio del bio sin incorporarlo, ahorrándose el sobrecoste del biocarburante y obteniendo un beneficio ilegítimo por la diferencia entre ambos precios. A esto se añade el incumplimiento masivo de pagos al Fondo compensatorio por parte de los operadores con déficit de certificados. Todo ello deriva de una regulación que está demostrando ser poco efectiva.

Por este motivo, AOP viene revindicando la actuación frente a estas prácticas fraudulentas, que no solo obstaculizan el avance real y efectivo en la reducción de emisiones, sino también provocan una competencia desleal dañando y desincentivando a las empresas cumplidoras.

Una de las medidas que AOP reclama es el establecimiento de una garantía financiera proporcional a las obligaciones en materia de biocombustibles que tiene cada operador como condición necesaria para operar al por mayor. Ello tendría un carácter claramente disuasorio para el que pretenda incumplir, dificultando el fraude, y en caso de que éste se produjera, las Administraciones podrían recuperar, al menos en parte, el dinero defraudado. Asimismo, sería igualmente necesario un sistema ágil de reporte del cumplimiento de las obligaciones y del régimen sancionador oportuno para aquellos operadores que incumplan.

La lucha contra el fraude cobra especial relevancia teniendo en cuenta que estamos experimentando cambios trascendentales en el marco regulatorio y en los objetivos que nos estamos marcando para el futuro a largo plazo, para lograr una efectiva reducción de emisiones y completar una transición energética inclusiva y justa.

En este sentido, AOP cree, además, que se debe dar un paso más en el compromiso en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización del sector. Dos años después de la presentación de la Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles, y en el marco de la defensa y difusión de los combustibles líquidos neutros o bajos en carbono, la Asociación viene a reivindicar la necesidad de que la Administración marque una senda que les permita llegar a los objetivos que marcan tanto la Directiva Europea de Energías Renovables (RED II) como el PNIEC.

La RED II prevé que el Estado debe imponer una cuota de energías renovables en el consumo final de energía en el sector del transporte que, en 2030, ha de ser mínimo del 14%. Por su parte, el PNIEC fija un objetivo mayor: alcanzar un 28% de renovables en el transporte en 2030, para lo que se reconoce en el mismo documento que los biocarburantes son imprescindibles.

Pero España aún no ha traspuesto por completo la RED II, fijando solo los objetivos a cumplir para 2021 y 2022, a diferencia de otros países europeos que ya tienen una ruta definida hasta 2030. La ausencia de la citada senda provoca una inseguridad jurídica en la inversión desincentivando la misma y dificultando el alcance de los objetivos marcados.

La Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles, que AOP presentó hace más de dos años, pone de manifiesto que la industria del refino tiene clara la ruta que transitar para alcanzar las emisiones netas cero en 2050. Pero el desarrollo de ecocombustibles, gracias a los que según el PNIEC podrán conseguirse la mitad de los objetivos de descarbonización, requiere un marco legal estable que fomente la inversión.

Para que la transición energética sea abordada con éxito es necesario no solamente incorporar los ecocombustibles bajo unos parámetros definidos y con un margen temporal suficiente, sino garantizar que se cumplen los objetivos marcados por la legislación.