• Los defraudadores condenan a muerte a las estaciones de servicio que sí cumplen las normas.
• Es hora de que la Administración deje de hacerse trampas al solitario y cargue con todo el peso de la ley contra quienes quebrantan las reglas del juego.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) viene denunciando desde hace tiempo la proliferación de una enorme bolsa de fraude en el sector de la comercialización de carburantes. Este fraude fiscal consiste en la venta por debajo de coste de gasolina y gasóleo por parte de determinados operadores al por mayor que luego no liquidan los impuestos correspondientes a estos productos. 

Las gasolineras que adquieren estos combustibles a precios anormalmente bajos son perfectamente conscientes de su papel de colaboradores necesarios en la comisión de un delito, pues adquieren el carburante a precios anormalmente bajos y luego lo venden al consumidor final a un PVP muy inferior al que se registra de media en esa zona.

Estas estaciones de servicio, que compran carburante a sabiendas de que su proveedor no ingresará después el IVA tal y como debería hacer, ejercen una competencia absolutamente desleal para con aquellas instalaciones que compran a los operadores que sí cumplen las reglas del juego, que son la mayoría. 

Si un operador suministra combustible a una gasolinera y sabe que luego no va a liquidar el IVA, puede ofrecer el producto hasta un 21% más barato que el resto de oferentes. Y el comprador puede, por tanto, poner ese producto a la venta a un precio imposible de igualar por quienes respetan las normas y contribuyen al sostenimiento del estado del bienestar.

La Administración sabe qué es un precio anormalmente bajo dadas las condiciones específicas de un determinado mercado. Pero navega entre dos aguas, pues por un lado estos defraudadores contribuyen a mantener a raya la inflación, mientras que en el otro platillo de la balanza las arcas del Estado dejan de recaudar cantidades muy importantes, de hasta 700 millones de euros anuales según los cálculos de la Agencia Tributaria.

Es hora de que la Administración deje de hacerse trampas al solitario y cargue con todo el peso de la ley contra quienes quebrantan las reglas del juego. Por sí solo, el Real Decreto 8/2023, que entrará en vigor a finales del próximo mes de marzo, no solucionará todos los males que aquejan al sector de la distribución de carburantes. Antes al contrario, la moratoria de tres meses concedida por el Gobierno no ha hecho sino disparar el fraude desde la publicación del Real Decreto en el BOE a finales del pasado mes de diciembre.

Desde el punto de vista del consumidor, éste no tiene por qué saber qué precios están fuera de mercado, pero ha de ser consciente de que los delincuentes rara vez cometen únicamente un delito. En demasiadas ocasiones el fraude fiscal viene acompañado de una adulteración del producto que puede causar graves averías. 

Además, detrás del beneficio fraudulento de quienes cometen esos delitos se esconde la sentencia a muerte de las estaciones de servicio legales, que pierden litros y clientes y ven por tanto comprometida su supervivencia y el servicio que prestan a la ciudadanía.

Revisión de la fiscalidad

Como telón de fondo se impone una revisión racional y bien dimensionada de la fiscalidad de los carburantes. Con una economía que no acaba de carburar, el consumidor final busca los precios más bajos, contribuyendo -consciente o inconscientemente- a un fraude que nos cuesta muchos millones de euros a todos los españoles. 

De salir adelante la reforma fiscal que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó la semana pasada en el Congreso de los Diputados, cada litro de gasóleo se encarecería 27 céntimos, mientras que la gasolina sería 15 céntimos más cara. Esos precios al alza en un contexto económico complicado como el actual son el mejor caldo de cultivo para la perpetuación del fraude que roe los cimientos del sector de la comercialización de carburantes.

Medidas a priori bienintencionadas, como el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, suponen un incremento injustificado de la tributación de los carburantes. Es previsible que las aportaciones a este fondo se dupliquen este año en relación a las efectuadas en 2023, lo que encarecerá aún más el litro de gasolina y gasóleo. Lo mismo sucederá cuando se reactive la tramitación parlamentaria del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que sacará artificialmente costes de las renovables para cargárselos a los carburantes convencionales.

Por eso, CEEES solicita a la Administración la implementación de una verdadera fiscalidad verde que incentive la utilización de productos alternativos a los carburantes de origen fósil. En Francia, por poner sólo un ejemplo, el E85 (15% de gasolina y 85% de etanol) está sujeto a un impuesto de 11 céntimos por litro, más de seis veces menos que la gasolina convencional. En España, por el contrario, cuanto más renovable es la gasolina más impuestos paga.

Fuente CEEES

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) es una entidad nacional sin ánimo de lucro constituida hace cuarenta y cinco años con el objetivo de ser el lugar de encuentro de todos los empresarios independientes de Estaciones de Servicio. CEEES centra su actividad en representar a sus asociados ante las distintas instituciones y organismos nacionales, autonómicos y locales, en defensa de su actividad profesional y acción común para obtener mejoras materiales, sociales y laborales para el sector y para el conjunto de la sociedad.