• La Asociación subraya la desvinculación entre lo que se pretende gravar y el hecho imponible que se establece, al centrar el tributo en la facturación y no en unos beneficios extraordinarios que, por otra parte, no existen.
• Señala la falta de encaje legal de una prestación patrimonial pública de carácter no tributario y temporal que es en realidad un impuesto encubierto, e incompatible con principios tributarios de rango constitucional, y con varios aspectos del marco jurídico español y europeo.
• Esta iniciativa impactará negativamente en un sector que compite internacionalmente, con grandes inversiones para garantizar la seguridad energética e inmerso en plena transición energética.
• AOP considera precipitada su tramitación parlamentaria, sin esperar a la propuesta que finalmente acuerde la Unión Europea.

Ayer martes se votó en el Pleno del Congreso a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, registrada por el PSOE y UP en julio, que contempla un nuevo gravamen para las compañías energéticas.

AOP ya manifestó sus reservas frente a la iniciativa, a raíz del registro de la proposición de Ley, advirtiendo de su carácter arbitrario y discriminatorio, y reiterando la necesidad de un marco legal estable. Ante el inicio de la tramitación parlamentaria, AOP insiste en su rechazo al nuevo gravamen, lamenta que no se haya contado previamente con la opinión del sector para presentar esta iniciativa, y pide que se espere a la propuesta que finalmente acuerde al respecto la Unión Europea para garantizar una actuación coordinada en el mercado energético europeo y evitar un serio perjuicio a la competitividad de la industria española.

AOP basa su rechazo en falta de utilidad del gravamen para el objetivo que se pretende, la falta de coherencia con la realidad del sector y en su incompatibilidad con el marco jurídico, fiscal y económico de nuestro país. 

AOP basa su rechazo en falta de utilidad del gravamen para el objetivo que se pretende, la falta de coherencia con la realidad del sector y en su incompatibilidad con el marco jurídico, fiscal y económico de nuestro país. Es importante destacar, en esta línea, que las empresas del sector de refino que forman parte de esta Asociación son conscientes de su compromiso con la sociedad y de las especiales circunstancias que concurren. Lo pusieron de manifiesto durante la pandemia, manteniendo operativas refinerías y estaciones de servicio para cubrir la demanda de un servicio esencial y lo han reiterado en el actual contexto de precios energéticos elevados, ofreciendo descuentos adicionales a la bonificación pública para aliviar el esfuerzo de los ciudadanos.

El gravamen se presenta como una prestación patrimonial pública no tributaria, lo que en realidad es un impuesto; pero ese intento de obviar los requisitos que han de acompañar a los tributos no esconde otros problemas como la vulneración de los principios de igualdad y no discriminación -al no incluir a otros sectores-, la retroactividad en su aplicación a ingresos ya obtenidos, la posible doble imposición y resultados en muchos casos confiscatorios.

En primer lugar, existe una clara desvinculación entre lo que se pretende gravar (unos teóricos beneficios extraordinarios de 2022 y 2023) y el hecho imponible (la cifra de ventas). AOP reitera que el tributo no grava los beneficios, mucho menos los que fueran extraordinarios, sino la totalidad de la facturación de las empresas, que es evidente que puede ser muy alta incluso en una situación de pérdidas. Teniendo en cuenta los márgenes de algunos negocios y operaciones en el sector -muy afectados por las políticas de descuentos y contención de precios asumidas por las empresas en el actual contexto de crisis energética- el gravamen será claramente confiscatorio, al recaer sobre beneficios inexistentes o menores al propio gravamen.

Es más, en los términos que se plantea, el gravamen propuesto no es en absoluto progresivo, ya que los beneficios no se gravan de forma que cuanto más altos sean, mayor es el importe a pagar. De hecho, gravar la facturación es en sí regresivo y genera un riesgo de pagar incluso cuando las empresas no obtengan beneficio alguno vulnerando el principio de capacidad económica. Vinculado con ello, además, consideramos importante evitar la discriminación entre operadores de un mismo sector.

Cabe recordar, además, que para respetar un mínimo sentido de la justicia y de la capacidad económica, no cabe gravar beneficios presuntamente elevados de 2022 sin tener en cuenta las pérdidas y caídas de resultados, verdaderamente extraordinarias como consecuencia de la covid, que el sector sufrió en 2020 y 2021. El sector del refino no cuenta con unas tarifas reguladas, sino que está sometido a la competencia internacional y sus beneficios son cíclicos, ya que responden a las condiciones del mercado y a unas inversiones realizadas a riesgo, sin rentabilidad asegurada.

En segundo lugar, el planteamiento del nuevo gravamen ignora por ejemplo, que, en el caso del refino forman parte de la cifra de negocios determinados impuestos o ingresos derivados de otras actividades ajenas a la energética, como la química, o las ventas de otros productos en las estaciones de servicio (productos non-oil); o productos cuyo precio puede estar regulado administrativamente, como en las ventas de gas licuado (GLP); o ingresos obtenidos y gravados en otros países, como es el caso de sucursales o establecimientos permanentes en el extranjero.

En tercer lugar, el nuevo gravamen afecta de forma evidente al derecho fundamental de libertad de empresa, al prohibir expresamente la posibilidad de repercusión del impuesto, y altera ilegítimamente la competencia en el mercado.

Finalmente, AOP subraya el desacierto en la forma de planteamiento de este tributo, ya que en ningún momento se ha tratado con la Asociación y sus miembros, pese a mantener una línea de colaboración permanentemente abierta con el Gobierno de
España para valorar el Plan de Contingencia energético. Es más, AOP señala en este punto la inconveniencia de plantear esta iniciativa, anunciada por el Presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación, no como un proyecto de ley del Ejecutivo, sino como una proposición de Ley de los grupos parlamentarios socios en el mismo, eludiendo de esta forma los trámites de audiencia e informe previos.

AOP subraya, en este sentido, la importancia de aguardar a la propuesta que finalmente se apruebe en la Unión Europea en torno al mercado energético, que se está discutiendo estos días, antes de seguir avanzando en una iniciativa precipitada y unilateral. Además, debería valorarse la opinión y la situación de la industria del refino española, que es hoy un activo estratégico de gran importancia para el país. A este respecto, debemos recordar que, mientras que en Europa se han cerrado refinerías y el continente perdía el 9% de su capacidad de refino, en España las compañías asociadas hicieron un intenso esfuerzo e invirtieron casi 7.000 millones de euros para que las refinerías tuvieran más capacidad de conversión y flexibilidad.

Como consecuencia de esa inversión, hoy en España está garantizado el suministro, gracias a nuestra capacidad de sustituir el crudo ruso por otros de distintas procedencias y calidades. Además, España es exportadora neta de gasolina y gasóleo, una situación muy diferente a la de otros países europeos.

Los recursos de las compañías también son un activo imprescindible para seguir invirtiendo en la transformación hacia la descarbonización del sector para alcanzar la neutralidad de emisiones, pese a la incertidumbre regulatoria que sigue existiendo en este aspecto, y que viene a ahondar el nuevo tributo que pretende imponerse.

Sobre AOP

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) está formada por compañías energéticas que operan en España en los mercados de refino, distribución y comercialización de productos petrolíferos.: BP, Cepsa, Eni, Galp, Gunvor, Repsol y Saras.
Se constituyó en 1993 con el objetivo de defender los intereses generales de sus asociados ante la liberalización del mercado de productos petrolíferos, la competencia entre operadores y la libertad de elegir para los consumidores. Desde entonces, ha participado tanto en los cambios regulatorios como en la evolución del sector, incluidos hitos como la liberalización total, con la posibilidad de abrir estaciones de servicio en hipermercados y supermercados, el proceso de digitalización de la industria o, más recientemente, la transición energética y ecológica.

FUENTE AOP