JL Casajuana anuncia que, además de continuar prestando sus servicios en España, amplía ahora su ámbito de actuación al mercado portugués
Carlos Babot León
JLCasajuana Abogados
La intensa oleada de cambios legislativos de los últimos dos años, que ha reducido el número de agentes en el sector a apenas unos pocos, ha desencadenado un notable movimiento transfronterizo de empresas que buscan abrirse camino en el mercado portugués de hidrocarburos:
- Por un lado, empresas que venían ejerciendo la actividad de intermediación (ya sea como revendedores o como agentes comerciales) en España y que han visto la posibilidad de continuar con dicha actividad (en sus dos modalidades) dentro del sector portugués.
- Por otro lado, empresas que, dados los bloqueos impuestos por la Administración española en lo que se refiere a la concesión de títulos de operador y posterior alta en el REDEF, han preferido solicitar dicho título de operador petrolífero en el mercado portugués donde ni las exigencias financieras son equiparables a nuestro país ni los plazos son tan desmesurados (e inciertos) como en España. En definitiva, hay mayor seguridad jurídica.
Así, desde JL Casajuana anunciamos que, además de continuar prestando de forma plena nuestros servicios a todos los agentes del sector de hidrocarburos en España (operadores petrolíferos, empresas importadoras, depósitos fiscales, estaciones de servicio, almacenes fiscales y cooperativas), ampliamos ahora nuestro ámbito de actuación al mercado portugués, ofreciendo los mismos servicios así como la constitución de operadores petrolíferos en el mercado portugués.
Consideramos esta expansión como una gran noticia en tanto nos permitirá ofrecer en Portugal las mismas soluciones jurídicas y operativas que ya veníamos proporcionando en España, adaptadas a la normativa y particularidades del sistema luso, pudiendo ofrecer igualmente a nuestros clientes un valor añadido y una posibilidad de ampliar sus servicios fuera del territorio nacional.
¿Qué cambios legislativos han provocado esta situación?
- En primer lugar, el conocido Real Decreto 8/2023 —pese a la dudosa interpretación que ya analizamos en su momento— obligó a las compañías que venían actuando como intermediarias en la venta de hidrocarburos a reconvertir su actividad, pasando a desempeñar exclusivamente el papel de agentes comerciales.
- Cuando parecía que todo iba a ser agua de borrajas, asistimos a una batería de medidas orientadas a reducir al mínimo posible el número de operadores petrolíferos en España. Medidas que, lógicamente, arrastrarían consigo la desaparición de la mayoría de agentes comerciales, al dejar de ser necesarios ante la drástica reducción de proveedores. Estas medidas consistieron en retiradas del REDEF de más de una veintena de operadores petrolíferos, la denegación sistemática de nuevas altas y la baja de títulos de operador petrolífero sin que se concedan otros nuevos (cumplas o no cumplas los requisitos).
- El plan ha culminado con el Real Decreto Ley 9/2024 que incorpora la medida de operador confiable y establece medidas en concepto de avales y seguros (para unos cuantos) para garantizar el IVA a la salida de depósito fiscal. Creemos firmemente que los tribunales tendrán mucho que decir respecto a estas medidas adoptadas, pero esto merece comentarlo en otro artículo.
Todo lo anterior, unido a los bloqueos sistemáticos por parte de las entidades bancarias, y en definitiva, a la discriminación permanente de un sector en el que desde hace años vienen pagando justos por pecadores, ha provocado como decíamos un movimiento de numerosas empresas hacia el sector portugués de hidrocarburos.
Consideramos que existen alternativas eficaces para combatir el fraude en el sector sin necesidad de eliminar al 90% de las empresas que operaban en el. Sin embargo, hemos echado de menos una defensa real para miles de compañías que cumplían rigurosamente con sus obligaciones fiscales y que han visto cómo su actividad desaparecía de un día para otro. Es razonable pensar que, si se hubiese mostrado la misma determinación en proteger a estas empresas como la que se ha empleado en otras cuestiones, la situación actual podría haber sido distinta.
Sobre el autor
Carlos Babot León es abogado y Director del Departamento de Hidrocarburos e Impuestos Especiales en JLCasajuana Abogados.
Desde su área lidera el asesoramiento legal a estaciones de servicio, distribuidores, operadores mayoristas y cooperativas energéticas en todo el país. Su práctica se centra en fiscalidad energética, inspecciones administrativas, contratos sectoriales, responsabilidad de operadores y defensa contencioso-administrativa.
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