CEEES muestra su sorpresa por el escaso rigor del informe sobre el mercado de carburantes publicado por la CNMC
CEEES muestra su sorpresa el escaso rigor en materia de seguridad industrial y medioambiental del que adolece el informe E/CNMC/005/19 Análisis del efecto competitivo de la entrada de gasolineras automáticas en el mercado de distribución minorista de carburantes, publicado recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En este estudio, el organismo público, cuyo principal objetivo consiste en “garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios”, tiene únicamente en cuenta supuestos criterios económicos, sin reparar en que la pretendida mayor competencia sea leal y se produzca en igualdad de condiciones con el resto de concurrentes en cada uno de los ámbitos de la economía.
Siguiendo ese argumento, el mencionado informe de la CNMC no tiene en cuenta que el supuesto efecto beneficioso que la implantación de gasolineras desatendidas tiene en el mercado se produce -entre otros factores- a costa de una reducción de la seguridad para los consumidores. No se trata de una afirmación gratuita, sino que han sido precisamente los servicios de inspección de la Comunidad de Madrid quienes han denunciado públicamente que las gasolineras sin personal de la región incumplen buena parte de las normas aplicables a las instalaciones de suministro de carburantes.
Así, según los datos que maneja el Gobierno autonómico, de las 70 gasolineras desatendidas existentes en la Comunidad de Madrid en 2018, sólo 16 (menos del 23%) han llevado a cabo las actuaciones necesarias para adaptarse al cumplimiento de la MI-IP 04. Es decir, de cada cuatro gasolineras sin personal madrileñas, tres incumplen la normativa de seguridad industrial que les es de aplicación.
Desde luego que CEEES condena cualquier incumplimiento de la legislación vigente, especialmente si lo que está en juego es la seguridad de los consumidores o el medio ambiente. Pero incluso con una visión más laxa del asunto que primara la rebaja de los precios medios de los carburantes sobre el cumplimiento de la legislación, el estudio es, como poco cuestionable.
Y es que asegura la CNMC que las estaciones de servicio de una determinada zona de influencia bajan los PVP de sus productos cuando irrumpe en su entorno una gasolinera sin personal. Y tras hacer un detallado estudio de los precios de las instalaciones de suministro afectadas a lo largo de cinco años el organismo regulador llega a la conclusión de que ese efecto a la baja de los precios puede cifrarse en un -0,5% en el caso del gasóleo A y del -0,21% en el caso de la gasolina.
Esos porcentajes significan que la implantación de una gasolinera desatendida en una determinada zona de influencia significará para los consumidores un ahorro medio de 30 céntimos por llenar un depósito medio de 50 litros de gasóleo y de menos de 14 céntimos si llenáramos el depósito de gasolina.
Para ahorrar esas cantidades, por el camino se pone en entredicho la seguridad de las instalaciones, los consumidores y el medio ambiente, se destruye empleo (cada nueva gasolinera desatendida provoca la desaparición de seis puestos de trabajo) y se evita la creación de puestos de trabajo, con la consiguiente contribución a una economía social positiva y la generación de ingresos para la Administración, y por tanto para todos los contribuyentes.
Y es que, cada estación de servicio atendida y segura ubicada en la Comunidad de Madrid emplea a una media de siete trabajadores, por lo que los empresarios que las gestionan abonan una media de entre 44.700 y 52.000 euros anuales sólo en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social y entre 6.200 y 7.500 euros en aportaciones a Hacienda. Estas cantidades implican que si las 70 gasolineras desatendidas de la Comunidad de Madrid tuvieran empleados, las arcas públicas ingresarían una media de más de 3,86 millones de euros por ejercicio fiscal.
Sorprende, por tanto, la defensa a ultranza que la CNMC hace de las gasolineras sin personal, teniendo en cuenta el incumplimiento que la mayoría de estas instalaciones hacen de la normativa de la seguridad industrial, la reducción media del precio de los carburantes que provocan (30 litros por depósito de gasóleo y 14 por depósito de gasolina) y el asentamiento de un modelo de negocio que hace que la Administración regional deje de ingresar más de 3,8 millones de euros anuales.
Y es que, llevando el asunto al extremo, si de fomentar la competencia se trata -independientemente de que ésta sea leal o desleal- ¿por qué no apoyar oficialmente actividades como el Top Manta?. Lo cierto y verdad es que cuando se hacen estudios de mercado no pueden tenerse únicamente en cuenta -discutibles efectos económicos, sino que primero debe garantizarse que todos los actores compitan en igualdad de condiciones. Los asociados de CEEES manejan productos peligrosos todos los días y son perfectamente conscientes de que la seguridad es lo primero. Es muy peligroso lanzar determinados mensajes desde una institución como la CNMC, que pagamos entre todos.
Entre esos mensajes “peligrosos”, se encuentra uno especialmente llamativo. En la página 26 del informe se afirma que el gasóleo agrícola “no es inflamable”, por lo que en las instalaciones que dispensan únicamente este producto “el riesgo de incendio es prácticamente nulo”. Sin embargo, el Reglamento (CE) No 1272/2008 sí considera este producto inflamable, por lo que CEEES considera sumamente irresponsable que la CNMC afirme por escrito lo contrario.
Lo cierto es que la CNMC tampoco parece considerar relevantes las tres sentencias en las que el Tribunal Supremo desestima sendos recursos presentados contra la MI IP-04, una instrucción técnica complementaria publicada por el Ministerio de Industria en la que se regula la seguridad industrial en las instalaciones de suministro de carburantes. Según el organismo regulador de la competencia, esa norma introduce “restricciones injustificadas y desproporcionadas” a las cooperativas y a otras instalaciones desatendidas. Se refiere en concreto a la limitación de suministro a 75 litros o 180 segundos como máximo.
Las cooperativas recurrieron ese artículo y CEEES defendió la integridad del texto en el Tribunal Supremo, apoyándose en una exhaustiva y rigurosa prueba pericial elaborada por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB). El Alto Tribunal dio por buena la mencionada pericial y mantuvo esas limitaciones, que ahora la CNMC califica como “injustificadas y desproporcionadas”.
En palabras de Jorge de Benito, “las estaciones atendidas y seguras integradas en la CEEES tienen muy claro que la seguridad es un principio irrenunciable, por lo que la opinión de los expertos en extinción de incendios y el fallo del Tribunal Supremo deberían ser motivos más que suficientes para no hacer declaraciones públicas tan poco responsables por parte de la CNMC. La distribución de carburantes al por menor es una actividad peligrosa, especializada y por lo tanto muy regulada y quienes integramos la CEEES nos felicitamos de que así sea, pues aunque esas exigencias en materia de seguridad nos cuestan cientos de millones de euros cada año a nuestros asociados, sabemos que la preservación del medio ambiente y la seguridad de nuestros empleados y clientes no tiene precio”.
Jorge de Benito recalca además que “el estudio elaborado por la CNMC no tiene en cuenta la discriminación que la proliferación de gasolineras desatendidas supone para el colectivo de conductores con discapacidades, que ven muy limitado el acceso a este tipo de instalaciones”, tal y como han denunciado en reiteradas ocasiones tanto la propia CEEES como el Comité Español de Representantes de Personas con Dispacidad (Cermi) -ver informe al respecto aquí-.
Continuando con su política estratégica de mantener abierto un canal de comunicación permanente con la Administración y la sociedad, CEEES pedirá en los próximos días una reunión con los responsables de la CNMC para explicarles los errores e inexactitudes que el informe recientemente publicado tiene en materia de seguridad industrial y medioambiental y se pondrá a disposición del organismo regulador -como ya ha hecho en otras ocasiones- para suministrarle datos reales y objetivos del mercado español de distribución de carburantes y contribuir así a que este sector estratégico de la economía española disfrute de una competencia efectiva, sana y leal.
FUENTE CEEES
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