Congreso avanza con la Ley de Movilidad Sostenible con una treintena de cambios y el rechazo de PP y Vox
Sumar, Junts, PNV, BNG, Coalición Canaria y PP consiguen introducir enmiendas en comisión, pese al rechazo del PSOE
La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado este martes el informe de la ponencia sobre el proyecto de ley de Movilidad Sostenible, que ha contado con el apoyo del Gobierno y sus socios del bloque de investidura y el rechazo de PP y Vox tras haber introducido más de treinta nuevos cambios en el texto.
El resultado final ha sido de 20 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y BNG, formación esta última que en la Comisión de Transportes atesora el voto del Grupo Mixto; frente a 17 en contra de PP y Vox.
Durante su paso en ponencia, uno de los primeros pasos del trámite parlamentario, el texto ya incorporó más de 130 enmiendas de los grupos parlamentarios. En el trámite de comisión ha incorporado más de treinta cambios legislativos auspiciados por diferentes formaciones como Sumar, Junts, BNG, PNV, Coalición Canaria y hasta el PP, partido este último que ha sido clave para propiciar la incorporación de los nuevos cambios puesto que el PSOE se oponía a varias de las enmiendas propuestas.
Ahora el texto se elevará al Pleno y allí los grupos defenderán sus propuestas y podrán pactar algunas nuevas en forma de enmiendas transaccionales. En el Pleno estará Podemos, formación que de momento está en contra del proyecto por su falta de ambición en la lucha contra el cambio climático.
La formación 'morada', que en comisión no ha conseguido incorporar ninguna de sus enmiendas al texto, será determinante en la tramitación de la norma, pues si se une a PP y Vox podría tumbar el texto legislativo que lleva pendiente de aprobarse desde la legislatura pasada.
NO SE SUPRIMIRÁN PARADAS EN ZONAS RURALES
Tras su paso por comisión, la ley garantiza que no se van a eliminar las paradas previstas en el mapa concesional de autobuses en zonas sin alternativa de transporte.
De este modo, se consigue que no se supriman paradas de autobús en zonas sin alternativas de transporte, de manera que se deberán mantener conexiones en las áreas sin otras opciones y que, en caso de que las CCAA asuman servicios por delegación del Estado, serán compensadas económicamente.
MÁS OBLIGACIONES A LAS GASOLINERAS CON LA RECARGA ELÉCTRICA
Entre las nuevas medidas que se han incluido en el texto, se encuentra una enmienda para obligar a las gasolineras a ofrecer, por cada una de sus instalaciones, al menos un grupo de recarga que ofrezca una potencia disponible de al menos 400 kilovatios (kW) con al menos un punto de recarga con potencia disponible individual de al menos 150 kW.
Hasta ahora, la legislación obligaba a las gasolineras a que el grupo de recarga fuese de 150 kW. La obligación se ciñe a las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A sea superior o igual a diez millones de litros a partir de 2025.
La ley establece también que las instalaciones que cumplan estos requisitos a partir de 2027 deberán instalar o acreditar un grupo de recarga de al menos 600 kW que incluya al menos un punto de recarga con una potencia disponible individual de al menos 150 kW de recarga eléctrica en corriente continua.
Sumar ha conseguido introducir enmiendas al texto para mejorar la información sobre la localización de las grandes estaciones e infraestructuras de acceso público vinculadas con la recarga eléctrica, de modo que se indiquen la ubicación de los puntos de recarga en las estaciones que estén operativas, así como las distancias hasta las mismas en formato digital.
De su lado, la ley incluye ya una medida de Junts para impulsar los puntos de recarga eléctricos en carreteras y otra del PP para que el Gobierno desarrolle reglamentariamente un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos el parque móvil español.
UN PNIEC MÁS AMBICIOSO
Por otro lado, la ley impulsa una modificación para que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima incluya objetivos concretos y cuantificables de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte para 2030 y 2040 respecto al nivel de 1990.
Así, la actualización de objetivos solo se podrá contemplar al alza en las sucesivas revisiones del PNIEC. En un plazo no superior a tres meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno propondrá las disposiciones necesarias para incorporar objetivos vinculantes de incremento de las energías renovables y reducción de la intensidad de gases de efecto invernadero en el sector del transporte.
Al mismo tiempo, el proyecto regula el uso y suministro de fuentes de energía alternativas en puertos, de manera que antes de 2030 este servicio esté disponible en las terminales de pasajeros y en las terminales de buques portacontenedores de los puertos marítimos de la red RTE-T y a partir de 2030 en las terminales de los buques de pasaje y portacontenedores del resto de puertos en los que así lo haya decidido el organismo rector del puerto.
LOS PLANES DE MOVILIDAD AFECTARÁN A MÁS EMPRESAS
Otra de las reformas introducidas en la ley implicará que haya más empresas tanto públicas como privadas obligadas a contar con planes de movilidad sostenible. Si antes estaban obligadas las empresas de más de 500 trabajadores a tener estos planes, o con 250 trabajadores por turno, ahora los números bajan a 200 y 100, respectivamente.
Los planes de transporte sostenible al trabajo incluyen soluciones de movilidad sostenible que contemplan el impulso la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad eléctrica, y la movilidad compartida o colaborativa, entre otros. Asimismo, y en la medida de lo posible, se incluirán medidas relativas a la seguridad y la prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo.
Por otra parte, se han incluido enmiendas para conceder 120 y 63 millones respectivamente a Canarias y Baleares por el descuento del 100% a los usuarios recurrentes en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre de Canarias.
Por último, el texto incluye un régimen transitorio de aportaciones al fomento del transporte ferroviario de mercancías por perturbaciones con impacto significativo en el transporte ferroviario de mercancías por inversiones en la Red Ferroviaria de Interés General.
EUROPA PRESS
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