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CEEES: el Gobierno demuestra un desconocimiento absoluto del sector y pone en peligro el suministro en el futuro.

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Nacional |
 
El Gobierno demuestra un desconocimiento absoluto del sector del carburante y pone en peligro el suministro en el futuro.
  • El Ministerio de Transición Ecológica 'pierde' 1.367 gasolineras
  • “Es muy preocupante que el propio Gobierno no sepa sobre cuántas estaciones de servicio tiene obligación de legislar”, afirma Jorge de Benito.

Desde que el Gobierno decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo, las estaciones de servicio atendidas y seguras han tomado todas las medidas oportunas para continuar garantizando el suministro, tal y como han hecho durante décadas. A pesar de que la demanda experimentó un desplome súbito de más del 90% con respecto a lo que sería habitual para estas fechas, los empresarios y trabajadores del sector hicieron desde el inicio de la crisis sanitaria todo lo que estaba en su mano para dar servicio a quienes dan servicio a la sociedad. Paralelamente, la situación financiera de las estaciones de servicio era -y es- cada día más dramática, obligadas a permanecer abiertas en la totalidad de los casos, aún a pesar de la drástica reducción de la movilidad que suponían ya la declaración del estado de alarma y las estrictas medidas de confinamiento. Cuando el Gobierno, a finales de marzo, endureció aún más ese confinamiento y estableció más límites a la movilidad, todas las estaciones de servicio continuaron estando obligadas a permanecer abiertas.

Para intentar aliviar esa situación, y siempre desde el espíritu leal y colaborador que caracteriza a la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), nuestra organización pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que permitiera un cierre parcial y ordenado de algunos de los puntos de suministro de carburantes que integran la red española. La primera petición formal se produjo el 20 de marzo, seis días después de que se decretara el estado de alarma. El Gobierno hizo caso omiso a las demandas de un sector que genera 53.000 puestos de trabajo directos en nuestro país y ninguneó a los protagonistas de una actividad cuyo concurso es esencial para que la economía no acabe de colapsar en una situación tan delicada como la que vivimos.

Después de esa primera petición formal vinieron muchas otras, algunas de ellas oficiales y otras tantas oficiosas. La comunicación ha sido permanente y el talante -es de justicia reconocerlo-dialogante y amabilísimo. Pero lo cierto es que las nóminas de nuestros empleados, las cotizaciones a la Seguridad Social, el devengo de los impuestos y las amortizaciones de nuestras inversiones no se realizan en unidades de medida de talante, sino en euros contantes y sonantes.

Por responsabilidad y educación, nuestro actitud ha sido siempre de colaboración máxima con la Administración. A pesar de ello, tuvimos que esperar 23 días hasta que el BOE del pasado 11 de abril publicó la Orden Ministerial SND/337/2020, un texto que llegaba tarde, pero en el que CEEES había depositado grandes esperanzas.

Sin embargo, resulta desolador comprobar que esa norma evidencia un absoluto desconocimiento del sector, pues establece limitaciones absurdas, como el hecho de obligar a miles de estaciones de servicio a mantener los horarios de apertura que tenían antes de la declaración del estado de alarma. Esa exigencia es tan injusta como desproporcionada.

Y lo es porque a partir del 14 de marzo fueron muchas las estaciones de servicio que, al amparo de la ley, redujeron sus horarios para tratar de ajustar su oferta a la escasísima demanda de carburante. Para ello, hicieron expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) con los que trataron de amortiguar el impacto que la crisis estaba teniendo en sus cuentas de explotación y, lo que es más importante, evitaron que miles de personas tuvieran que acudir a sus puestos de trabajo para estar mano sobre mano y expuestas a contagiar o ser contagiados por el coronavirus.

Durante los días en los que miles de estaciones de servicio redujeron sus horarios no se produjo en toda España ni un solo problema de falta de suministro. Nosotros sí conocemos nuestro sector y sí conocemos a nuestros clientes y adaptamos nuestro horario comercial a sus necesidades. Pese a ello, el Gobierno nos obligó a retomar el horario que teníamos hasta el 13 de marzo, antes de declararse el estado de alarma. Aunque no compartíamos la decisión, fuimos respetuosos y comenzamos a trabajar para explicar a la Administración lo desproporcionado de esa exigencia. Una vez más, parecía que nos escuchaban, pero era sólo una ilusión.

A finales de la semana pasada, el Ministerio de Transición Ecológica publicó una resolución que actualizaba la relación de instalaciones que debían mantener su horario habitual, las que están facultadas para abrir un mínimo de 30 horas semanales con al menos seis horas diarias de lunes a sábado y las que tienen libertad total para hacer lo que deseen. Ni que decir tiene que este texto es absolutamente insuficiente, por cuanto no sólo no da más flexibilidad a los empresarios del sector, sino que restringe aún más su campo de juego. El 99% de nuestras peticiones han sido desoídas, condenando con esta actitud prepotente y maximalista a cientos de pymes a la quiebra. Y penalizando a aquellos empresarios que, por responsabilidad y compromiso medioambiental, ofrecen en sus estaciones de servicio combustibles alternativos como el gas, pese a la reducidísima demanda.

El Gobierno pierde 1.367 gasolineras

Poco parece importar todo esto al Gobierno. Lo que sí debería preocuparle es que o no sabe o no quiere saber cuántos puntos de suministro de carburante hay en España. Según la Orden Ministerial SND/337/2020, 4.334 instalaciones debían permanecer abiertas con el horario habitual, lo que, según el propio Gobierno, representa el 37% del total de las instalaciones inscritas en el registro del Ministerio de Transición Ecológica. La misma norma dice que 1.686 instalaciones deben abrir al menos 30 horas semanales, lo que el Gobierno cifra en un 14% del total.

El propio Ministerio de Transición Ecológica afirma que tiene registradas 11.676 estaciones de servicio en España y los porcentajes anteriormente mencionados parecen estar elaborados partiendo de ese dato. Sin embargo, en la web www.geoportalgasolineras.es, dependiente del propio gabinete que dirige Teresa Ribera y a la que el Gobierno alude permanentemente como fuente fiable de información, hay disponible un enlace a través del cual pueden descargarse los precios de todos los puntos de venta de carburante que hay en España. Sorprendentemente, ese listado recoge sólo 10.309 instalaciones. ¿Dónde están las 1.367 gasolineras que ha perdido el Gobierno?

Se trata de una cantidad muy significativa, de más del 11,7% de las que afirma tener controladas el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por eso, no manejar el censo de estaciones de servicio con claridad distorsiona gravemente la OM SND/337/2020. Si en lugar de dar por buenas las 11.676 gasolineras que la Administración dice tener en su radar ciframos como el total las 10.309 disponibles en el listado de precios nos encontramos con que las estaciones de servicio obligadas a mantener el horario habitual que tenían antes del estado de alarma constituyen el 42% de la red y las que deben permanecer abiertas 30 horas semanales representan el 16,4% del total.

En suma, no tienen libertad para establecer sus horarios más del 58,4% de las gasolineras. Tras los cambios efectuados por el Ministerio de Transición Ecológica a finales de la semana pasada, ese porcentaje se ha visto incrementado hasta el 58,9%, lo que significa que apenas cuatro de cada diez gasolineras tienen libertad para fijar su horario pese a la sobresaliente reducción de la movilidad como consecuencia de las estrictas medidas de confinamiento.

“Es muy preocupante que el propio Gobierno no sepa con exactitud sobre cuántas estaciones de servicio tiene obligación de legislar. Hay 1.367 gasolineras que se supone están inscritas en el registro del Ministerio de Transición Ecológica y que no son tenidas en cuenta a la hora de establecer servicios mínimos”, afirma el presidente de CEEES, Jorge de Benito.

En su opinión, “este disparate es una prueba más del desconocimiento que la Administración tiene sobre un sector que, paradójicamente, está hiperregulado. Los empresarios hemos dado sobradas muestras de que nuestra responsabilidad y vocación de servicio son más que suficientes para garantizar el suministro, sin necesidad de que un Gobierno sumido en el caos nos imponga normas a todas luces abusivas y carentes de lógica”, asegura De Benito, quien no obstante, tiende una vez más la mano a la Administración: “Nos ponemos a disposición del Gobierno para ayudarle a trazar una estrategia consensuada, real y realista que garantice el suministro de energía para la movilidad ahora y en el futuro”, zanja el presidente de CEEES.

FUENTE CEEES

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