La tendencia en los títulos de operador petrolífero en españa
El sector de los hidrocarburos en España está atravesando una transformación silenciosa, pero de gran calado. Basta con observar las cifras oficiales de los últimos tres años para detectar una deriva inquietante en la política de concesión de títulos de operador petrolífero:
- 2023: 0 operadores inhabilitados y 17 nuevos títulos concedidos.
- 2024: 4 operadores inhabilitados y 9 nuevos títulos concedidos.
- 2025: 22 operadores inhabilitados y solo 3 nuevos títulos concedidos.
La tendencia es innegable: cada vez se cierran más puertas y se abren menos. Mientras en 2023 el acceso era relativamente fluido, con un número razonable de nuevos operadores, en 2025 el panorama es radicalmente distinto. El número de inhabilitaciones se dispara y la concesión de nuevos títulos se reduce a cifras simbólicas.
EL FRAUDE DEL IVA: PROBLEMA REAL, EXCUSA PELIGROSA
Es evidente que el fraude del IVA es una de las lacras históricas del sector. Muchos operadores han sido expulsados precisamente por esta razón, y la Administración ha endurecido el control. Sin embargo, aquí aparece la gran contradicción: los requisitos legales para ser operador petrolífero siguen siendo exactamente los mismos que hace dos años. Y aquí la pregunta; existiendo ahora más solicitudes que nunca ¿cuál es el motivo para que a fecha de hoy se hayan concedido 18 títulos menos que en 2023?
La normativa no se ha modificado, pero la práctica administrativa sí. Y la consecuencia es clara: aunque existan solicitudes bien fundamentadas y que cumplen con lo exigido, apenas se conceden títulos. Se trata de un cambio de criterio encubierto, sin base legal ni reforma normativa que lo respalde.
Esto abre la puerta a una crítica necesaria: luchar contra el fraude no puede convertirse en el pretexto para bloquear el acceso al mercado a empresas que cumplen con los requisitos establecidos por la norma. De lo contrario, se convierte en un sistema injusto, donde la discrecionalidad administrativa pesa más que el cumplimiento objetivo de la ley.
EL RIESGO DE UN OLIGOPOLIO ENCUBIERTO
El efecto de esta política es la concentración del mercado en manos de unos pocos. Cuantos menos títulos se conceden y más operadores se inhabilitan, más estrecha se vuelve la pirámide. Y eso supone que solo unas pocas empresas logran mantener su posición, mientras se impide la entrada a nuevos competidores.
Este proceso tiene consecuencias muy serias:
- Menos competencia real, lo que puede derivar en precios menos competitivos.
- Menor diversidad empresarial, limitando la capacidad de adaptación e innovación en el sector.
- Dependencia de unos pocos operadores, lo que aumenta el riesgo de prácticas restrictivas.
El camino que está tomando la Administración, quizás sin declararlo de forma expresa, es el de un oligopolio encubierto: el sector queda en manos de algunos, mientras se dificulta la entrada de nuevos actores.
NUEVAS MEDIDAS, MÁS DESIGUALDAD
En paralelo, la Administración ha introducido tres medidas clave: el procedimiento para reconocer la condición de operador confiable, el pago a cuenta del IVA y la nueva normativa sobre avales. Sobre el papel, todas persiguen reforzar la lucha contra el fraude y garantizar la correcta recaudación del IVA. Sin embargo, la forma en la que se están aplicando resulta muy discutible.
El problema no está en la finalidad de las medidas, sino en que se han diseñado con un doble rasero: su impacto depende de si el operador obtiene o no la etiqueta de “confiable”.
- Quien logra ese reconocimiento disfruta de un marco más flexible, con menos exigencias en materia de avales y en la gestión del IVA.
- Quien no lo consigue, aunque cumpla escrupulosamente los requisitos legales básicos, queda sometido a mayores cargas y controles.
En la práctica, se está construyendo un sistema de operadores de primera y de segunda. Los grandes actores, con más recursos y trayectoria, tienen mucho más fácil ser reconocidos como confiables, mientras que los operadores más pequeños o de nueva creación tienen un largo recorrido por delante para alcanzar esa condición.
La consecuencia es clara: en lugar de garantizar un mercado más transparente y justo, estas medidas refuerzan la concentración y estrechan aún más el acceso. No se trata ya solo de que se concedan menos títulos, sino de que, incluso una vez obtenida la autorización, el trato que recibe cada operador depende de un sello administrativo que otorga ventajas a unos pocos y penaliza al resto.
En definitiva, el objetivo de controlar el fraude es loable, pero el camino elegido está consolidando un mercado asimétrico y desequilibrado, en el que solo quienes cuentan con el reconocimiento de “confiables” pueden competir en condiciones reales de igualdad.
CONCLUSIÓN: TRANSPARENCIA Y REGLAS CLARAS
Nadie discute la necesidad de controlar el fraude en el sector. Pero la forma en que se está gestionando plantea serias dudas sobre la transparencia y la igualdad de oportunidades.
Si los requisitos legales no han cambiado, la Administración debería seguir concediendo títulos a todos aquellos interesados que los cumplen. Lo contrario equivale a modificar las reglas del juego sin reconocerlo abiertamente.
El mensaje que se está transmitiendo es muy peligroso: que el acceso al mercado como operador petrolífero está prácticamente bloqueado, y que quienes ya forman parte del sistema tienen garantizada una posición privilegiada.
En definitiva, se está pasando de un sector abierto a un mercado restringido en el que la competencia real se diluye. Y eso, a la larga, no solo afecta a las empresas que aspiran a ser operadores, sino a toda la cadena de valor: desde las estaciones de servicio hasta el consumidor final.
Sobre el autor
Carlos Babot Horcajadas es abogado y director del Departamento de Derecho de los Hidrocarburos en JLCasajuana Abogados.
Desde su área lidera el asesoramiento legal a estaciones de servicio, distribuidores, operadores mayoristas y cooperativas energéticas en todo el país. Su práctica se centra en fiscalidad energética, inspecciones administrativas, contratos sectoriales, responsabilidad de operadores y defensa contencioso-administrativa.
Contacta directamente con nuestro equipo especializado:
JL Casajuana Abogados forma parte de nuestro programa Líderes en Equipamientos y Servicios del Sector. Rentabilice al máximo su estrategia de marketing logrando un mayor impacto y mejores resultados incluyendo su empresa hoy.
0 comentarios