Nota Informativa JL Casajuana Abogados: El error legal que ya ha dejado fuera de juego a más de una estación
Cuando la falta de asesoría cuesta más que cualquier inversión.
En el sector de los hidrocarburos, muchas estaciones de servicio y distribuidores siguen operando como si nada hubiese cambiado en los últimos veinte años. Se enfocan en los márgenes, en el precio del carburante, en el día a día del suministro... y olvidan que, mientras tanto, la normativa fiscal, medioambiental, laboral y contractual se ha transformado por completo.
Lo que antes podía resolverse “hablando con el gestor”, hoy puede derivar en una inspección con recargos del 100%, en sanciones de seis cifras o, directamente, en el cierre de la actividad. Y no es una exageración.
Una señal de alerta real: Operación Fuel.
La Operación Fuel, activada por la Agencia Tributaria en mayo de 2024, es un ejemplo elocuente. Más de 400 estaciones de servicio fueron requeridas por vender a precios que, a juicio de la Administración, no eran compatibles con una operativa fiscal regular. El objetivo: identificar posibles fraudes, detectar prácticas irregulares en la distribución y aplicar correcciones tributarias.
Lo relevante no es el número. Es la respuesta que muchos operadores no pudieron dar: no tenían los contratos debidamente auditados, no podían justificar la trazabilidad completa del producto, no contaban con informes previos ni protocolos de defensa jurídica. En resumen: no estaban preparados para ser inspeccionados.
El resultado fue inmediato: congelación de cuentas, procedimientos sancionadores, pérdidas de reputación comercial, suspensión de acuerdos con suministradores.
Una estación de servicio no se puede gestionar sin soporte legal permanente.
Muchos operadores siguen acudiendo al abogado como si fuera el mecánico: solo cuando hay un problema. Pero el Derecho de los Hidrocarburos no funciona así. Porque los problemas legales, en este sector, no son ruidosos. Son silenciosos. Avanzan sin dar señales. Hasta que estallan.
Hoy es necesario contar con un soporte jurídico integrado en la estructura operativa del negocio. Y no nos referimos a “tener a alguien de confianza para redactar una demanda”. Hablamos de:
- Auditar contratos antes de firmarlos.
- Diseñar estructuras documentales que resistan inspecciones.
- Evaluar el impacto jurídico de una decisión de precios, de personal o de suministro.
- Contar con defensa inmediata y preparada ante una notificación.
Este soporte no tiene por qué implicar una estructura interna ni costes excesivos. De hecho, la herramienta más eficaz y sostenible es la iguala jurídica especializada.
¿Qué es una iguala jurídica especializada y qué cubre?.
Una iguala jurídica es un acuerdo estable entre la empresa y el despacho, mediante el cual se fija una cuota mensual predecible, que da acceso a un conjunto definido de servicios legales. Pero en nuestro caso, la diferencia está en que la iguala está adaptada al sector energético, y no se trata de una fórmula genérica.
En el Departamento de Hidrocarburos de JL Casajuana, estructuramos igualas en función del tipo de operador, el volumen de actividad y los puntos de riesgo específicos. En términos generales, una iguala puede incluir:
- Consultas jurídicas ilimitadas en el ámbito pactado.
- Redacción y revisión de contratos de suministro, cesión, arrendamiento o transporte.
- Asesoramiento ante inspecciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
- Acompañamiento en requerimientos de Hacienda y procedimientos administrativos.
- Revisión de relaciones laborales, protocolos de PRL y conflictividad recurrente.
- Representación en procedimientos contencioso-administrativos o mercantiles.
- Informes preventivos, circulares legales y alertas normativas.
Más allá del contenido técnico, la clave es que el cliente sabe que está cubierto. Puede consultar sin miedo al coste, anticipar riesgos, y saber que su negocio no depende de una reacción de última hora.
¿Quién necesita este modelo?
Lo necesitan todos aquellos que gestionan:
- Estaciones de servicio independientes.
- Redes de distribución con contratos con petroleras.
- Gasocentros y cooperativas con responsabilidades fiscales.
- Instalaciones logísticas sujetas a inspecciones medioambientales.
- Operadores con trabajadores en régimen especial o alta rotación.
- Empresas con depósitos fiscales o expedientes abiertos con la Administración.
En todos estos casos, no tener asesoría jurídica especializada no es ahorrar: es exponerse.
El marco legal ya no permite improvisaciones
La fiscalidad energética no es intuitiva. La normativa del Departamento de Aduanas es cambiante y está cada vez más alineada con estándares de fiscalización automatizada. Los contratos sectoriales que antes se firmaban con confianza, hoy incluyen cláusulas que comprometen gravemente al operador si no se revisan a tiempo.
Además, la conflictividad laboral ha crecido: turnos rotativos, personal eventual, riesgos de impugnación de despidos, inspecciones de trabajo.
Y, como telón de fondo, una Administración cada vez más digitalizada, más rápida y más contundente. Lo que antes llegaba por carta certificada, hoy se notifica en horas por vía telemática, con plazos perentorios para responder. Y sin margen para el error.
Conclusión: anticiparse no es una estrategia. Es la única vía.
A día de hoy, no se trata de si tu estación será inspeccionada. Se trata de si cuando eso ocurra, tendrás la estructura jurídica para responder sin poner en riesgo tu actividad.
Porque cuando un negocio cae por una sanción, un embargo o un contrato mal firmado, no se pierde solo el margen: se pierde la inversión, el proyecto, la reputación y, en muchos casos, el futuro profesional del gestor.
Una iguala jurídica no es un gasto. Es el coste mínimo para no perderlo todo.
Sobre el autor
Carlos Babot Horcajadas es abogado y director del Departamento de Derecho de los Hidrocarburos en JLCasajuana Abogados.
Desde su área lidera el asesoramiento legal a estaciones de servicio, distribuidores, operadores mayoristas y cooperativas energéticas en todo el país. Su práctica se centra en fiscalidad energética, inspecciones administrativas, contratos sectoriales, responsabilidad de operadores y defensa contencioso-administrativa.
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