Reflexiones en JLCasajuana Abogados sobre el panorama actual del sector.
Tal es el panorama actual del sector, tal es la confusión a día de hoy que a uno le vienen reflexiones de forma natural. Es lógico e imagino que a muchos agentes del sector les ocurrirá los mismo.
Son tan solo reflexiones, desconozco si acertadas o desacertadas, con ánimo de ser constructivas para España (sabiendo que serán irrelevantes y formarán parte del olvido), pero del todo legítimas.
No pretendemos menoscabar ni poner en entredicho el trabajo o la buena fe de nadie, todo lo contrario, solo pretendemos inocentemente aportar para mejorar el sistema y el país (recordando que esta insignificante opinión no pasará, ni mucho menos, a la historia).
Vivimos en el siglo XXI, en una etapa de grandes avances tecnológicos y con un ritmo de vida realmente acelerado.
¿Tienen realmente sentido en este veloz siglo XXI la burocracia y las autorizaciones previas que existen en nuestra Administración? ¿Estamos realmente a la par de los países más avanzados? ¿Existe realmente la seguridad jurídica en su sentido más puro? ¿Es cierto, como, diariamente, pretende hacernos creer la prensa que sólo existe fraude en España y exclusivamente en sector de los hidrocarburos y que en otros países (Italia, Grecia, Holanda, Gran Bretaña y EE.UU, por ejemplo) ello no existe? ¿Es posible un mundo perfecto, sin guerras, sin delitos, sin fraude, sin violencia de género, sin fumadores, etc…? ¿Sólo unos poco saben que cuanto más se habla de ello más se produce? ¿No huele todo ello a un cierto tufillo que nadie se atreve a decir en público?
Intentaremos reflexionar sobre cada una de las preguntas planteadas:
1) ¿Tienen realmente sentido en este veloz siglo XXI la burocracia y las autorizaciones previas que existen en nuestra Administración?
Desde nuestro punto de vista no. Y no tiene sentido por varios motivos, a saber: En el siglo de la velocidad es del todo contradictorio una administración lenta como la española. No es normal tanta normativa y tanto tiempo perdido por el ciudadano. Según la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) la normativa española tiene “una elevada densidad y complejidad” y produce “un alto nivel de obstáculos burocráticos y cargas administrativas”. Además, sostiene que mucha de la documentación requerida es “injustificada, desproporcionada o discriminatoria”.
Pero avala esta reflexión la famosa Ley Omnibus que, centrándolas en nuestro sector, eliminaba las autorizaciones previas en las altas de los Operadores Petrolíferos. ¿Realmente se ha cumplido? No, si una vez presentada la solicitud de alta ante el Ministerio de Transición Ecológica éste no comunica esa alta a la CNMC para que curse el alta en el listado de Operadores de la CNMC es trabajo baldío. Es decir, de facto, sigue existiendo una autorización previa.
¿Se ha cumplido lo reglado por la Ley Omnibus y por la Comunidad Europea? No, sin duda. ¿Alguien conoce que la Comunidad Europa o la CNMC se haya pronunciado sobre ello?. Lo dudo.
Amén de ello, y como nos está demostrando la actualidad política actual, las autorizaciones previas administrativas y más en caso de inversiones millonarias como las de altas de Operadores Petrolíferos pueden dar lugar a corrupción administrativa.
Una economía que quiere crecer no puede estar centrada en los miedos. Cualquier tendero sabe que le ven hurtar en su negocio, pero si su solución es no dejar entrar en su establecimiento al 95% de los clientes no tendrá ladrones pero su negocio se arruinará. Obvio. Actualmente es la política que se está llevando a cabo en el sector: matar moscas a cañonazos.
2) ¿Estamos realmente a la par de los países más avanzados?
Por supuesto, no. Los países anglosajones tienen una mucha menor burocracia y, como consecuencia de ello, unas economías mucho más fuertes que la española. La burocracia desincentiva la inversión nacional y, sobre todo, extranjera (donde les parece incomprensible por la cantidad de burocracia y el idioma de la misma).
3) ¿Existe realmente la seguridad jurídica en su sentido más puro?
Desde nuestro punto de vista, no. Centrándonos en nuestro sector no resulta coherente, por ejemplo, que uno cumpla a “pie juntillas” los requisitos que exige la Ley para ser Operador Petrolífero y que el Ministerio te exija mas requisitos de los que dice la Ley ( a modo de ejemplo, organigrama de la empresa, curriculums, certificado bancario firmado por el solicitante -es decir, firma uno un certificado de un tercero-, auditorias, etc…) y, finalmente, te desestimen o no contesten a esa solicitud de alta o que, por ejemplo, la concesión o retirada del REDEF quede al arbitrio del particular criterio interpretativo de los funcionarios de la AEAT. Y si no le gusta se va usted a los Tribunales donde le espera un procedimiento judicial de años.
Si usted quiere exigir todo aquello que no dice la Ley, cambie la Ley.
Seguridad jurídica es que se ciñan a lo que exige la Ley y que si no se hace así el solicitante tenga un sistema judicial o extrajudicial en el que con celeridad pueda exponer sus quejas al respecto y se le resuelva en un plazo de días su reclamación en vez de someterse a un largo procedimiento judicial o administrativo (TEAR) en el que si quiere paralizar al acto administrativo tenga que avalar. ¿Realmente tan difícil sería eso?. Yo creo que no, pero el actual sistema es antediluviano y poco favorecedor para el ciudadano.
Si queremos que el ciudadano se sienta parte del Estado y no como algo separado del Estado (incluso enemigo del Estado) debemos integrarlo en el Estado y que tenga las mismas exactas armas que este. Eso pasa en EE.UU, Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda, etc…(¿porque en esos países la gente paga gustosamente sus impuestos y denuncia a quien no los paga y aquí se le levanta un monumento a quien no los paga?) y aquí, no. Mientras el Estado tenga más recursos que el ciudadano y mucho más efectivos, difícil será que no haya ciudadanos que no quieran defraudar en cualquier ámbito. Algo falla y si no queremos plantearnos que es lo que falla seguiremos igual.
El concepto de seguridad jurídica se ha quedado desfasado y anacrónico limitado a tan sólo el acceso a la justicia, si bien en un mundo tan veloz como el actual el acceso a una lentísima justicia como lo es la española no es garantía de nada.
4) ¿Es cierto, como, diariamente, pretende hacernos creer la prensa que sólo existe fraude en España y exclusivamente en sector de los hidrocarburos y que en otros países (Italia, Grecia, Holanda, Gran Bretaña y EE.UU, por ejemplo) ello no existe? ¿Es posible un mundo perfecto, sin guerras, sin delitos, sin fraude, sin violencia de género, sin fumadores, etc…?
No a ambas preguntas. Va en la condición humana. Queramos o no siempre habrá guerras, asesinatos, violaciones, fraude y fumadores aquí, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudafrica y en Bolivia.
5) ¿Sólo unos poco saben que cuanto más se habla de ello más se produce?
Lo desconozco, sinceramente, pero creo que sí. De ahí ese interés de que constantemente en la prensa se esté hablando del fraude en el sector de los hidrocarburos. Alguien gana con ello.
6) ¿No huele todo ello a un cierto tufillo que nadie se atreve a decir en público?
Sí, al de siempre. Por eso manda quienes mandan. Está todo inventado desde que el mundo es mundo.
Y dicho todo ello, ya pueden proceder a tirar todas estas reflexiones al cubo del olvido o al de la basura. A su libre elección.
El próximo mes de noviembre JLCASAJUANA Abogados organizaremos unas Jornadas en Madrid donde podremos debatir todas estas cuestiones y otras de interés para el sector. Si desea acudir a dichas Jornadas puede comunicarse con nosotros a través del email despacho@jlcasajuana.com o a través de nuestra página web https://jlcasajuanaabogados.com/
Carlos Babot León
Director del Departamento especializado en el sector de los hidrocarburos en JLCasajuana Abogados
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