El 5 de julio de 2014 el BOE publicaba el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, un Real Decreto-ley en el que se mezclan medidas correspondientes a los Ministerios de Justicia, Defensa, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento, Educación, Cultura y Deporte, Empleo y Seguridad Social, Industria, Energía y Turismo, y Economía y Competitividad, por el que en materia energética se adoptan una serie de medidas voluntaristas, supuestamente dirigidas a garantizar la sostenibilidad y accesibilidad en los mercados de hidrocarburos, así como a establecer un sistema de eficiencia energética en línea con las directrices europeas, cuestión ésta última que ha llevó al Gobierno a la creación de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, dotado con 370 millones de euros procedentes de los Fondos Comunitarios (FEDER), así como de las aportaciones obligatorias de los Operadores de productos petrolíferos al por mayor, y también de las empresas comercializadoras de gas, electricidad, y Operadores al por mayor de Gases Licuados del Petróleo.

O sea, un atraco en toda regla a todos los ciudadanos que una vez más estaremos soportando pavorosamente la repercusión por parte de los Operadores energéticos de los costes derivados de una decisión política claramente arbitraria sin consensuar, y que ha sido recurrida por la mayoría de los Operadores ante el Tribunal Supremo.

Confiemos en la responsabilidad y buena praxis de los Operadores que estén repercutiendo en el precio de venta del litro de carburante o en el kilo de GLP o en el MWh el coste de la aportación a este Fondo de Eficiencia Energética y que lo tengan recurrido ante el Tribunal Supremo, en que en caso de que el Supremo les dé la razón devuelvan o compensen a los consumidores tal repercusión. Como supondrán, esto es una irónica manifestación de encomendarse a un imposible, no a que ganen los recursos ante el Supremo me refiero, si no a que, en caso de ganarlos, devuelvan o compensen lo que ahora a todos nos están repercutiendo.

Dicho Fondo, supuestamente deberá permitir la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información u otras medidas encaminadas a aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores, necesarias para la consecución de los objetivos establecidos en la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética.

Asimismo, este Real Decreto-ley habilita al Gobierno para el establecimiento y desarrollo de un sistema de acreditación de ahorros de energía final, mediante la emisión de Certificados de Ahorro Energético (CAE), que una vez en marcha permitirá progresivamente a las empresas dar cumplimiento a sus obligaciones de ahorro mediante la promoción directa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética, sistema que a día de hoy todavía no se ha aprobado ni puesto en marcha.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como las conclusiones del proyecto europeo Zebra2020, que evalúa el impacto de los certificados energéticos a partir de encuestas realizadas en ocho países europeos, entre ellos España, del que se desprende que para el 65% de los encuestados no existe un vínculo entre los certificados y la mejora de la eficiencia, parece evidente que nos encontramos ante la creación de un Fondo que hasta el presente está resultado claramente ineficiente para los ciudadanos, pero que con el tiempo a buen seguro resultará un excelente negocio muy eficiente para los oligopolistas de turno.

Julio Benito Sánchez
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