AOP advierte de los riesgos del FNSSE en un contexto de tensión del mercado energético.
- AOP señala las negativas consecuencias de la creación de este Fondo para el conjunto del sector energético, el desarrollo industrial, la actividad económica y el consumo doméstico, al plantear una rebaja de la factura de la luz a costa de un recargo en el gas y en los combustibles.
- Señala que el diseño del Fondo no ofrece una solución integral al problema del coste de la electricidad y sí tiene un impacto negativo en el desarrollo industrial, penalizando a los sectores que compiten internacionalmente, y en el consumo doméstico, especialmente para los consumidores más vulnerables y la España rural.
- Apunta la inconveniencia de plantear nuevas cargas sobre el sector energético, especialmente el gasista y los combustibles, sobre todo en la coyuntura actual.
- La Asociación pone de manifiesto la necesidad de conocer cuanto antes las nuevas cifras que se están planteando para el FNSSE, ya que el tiempo transcurrido desde que se publicó el Proyecto de Ley en junio de 2021 y la crisis actual pueden dejar sin efecto los cálculos previos.
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) muestra su preocupación por las consecuencias sociales y económicas de la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), tanto para el sector industrial como para los consumidores.
La Asociación advierte de que el FNSSE no supone una solución al problema del coste de la electricidad y sí plantea problemas adicionales, al implantar un sistema de financiación cruzada de unos sectores energéticos en favor de otros, incorporando una nueva carga sobre los combustibles y el gas para sufragar los costes del sistema eléctrico. Así, la norma pretende repercutir en el conjunto de sectores energéticos los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), para derivar progresivamente la mayor parte de su financiación a los comercializadores y operadores de todos los sectores energéticos.
Frente a ello, recuerda que las compañías asociadas vienen realizando desde hace años intensas inversiones en el desarrollo de procesos y productos que avancen en la reducción de emisiones, y que pueden verse afectadas al tener que asumir adicionalmente esta nueva carga. La Asociación reivindica que cada sector, como viene haciendo el refino, debe hacerse responsable de los costes de su propia descarbonización.
Además de no aportar ninguna ventaja en este sentido, la creación del Fondo sí tiene consecuencias directas y negativas sobre la competitividad de la economía y la renta de los hogares.
Por un lado, la carga adicional que plantea para los operadores energéticos supone inevitablemente un incremento de los costes de producción, lo que implica un lastre para la actividad industrial, una penalización en términos de competitividad sobre todo para los sectores que compiten internacionalmente. Todo ello es un obstáculo al crecimiento del país.
A modo de referencia, teniendo en cuenta las cifras incluidas en el proyecto de Ley publicado en junio de 2021, el sector del refino y de comercialización de productos petrolíferos tendría que asumir una aportación de casi 1.800 millones de euros al Fondo, y asimilar asimismo un sobrecoste de más de 500 millones en la factura de gas natural para poder hacer frente a su producción.
Es importante señalar que las cifras apuntadas en 2021 pueden haber quedado sin efecto tanto por el tiempo transcurrido como a causa de la crisis actual. En este sentido, la Asociación recuerda que el sector ha demostrado ampliamente su compromiso, no solo con sus inversiones en descarbonización, sino con la respuesta ante las dificultades económicas que afrontaban las familias ante el encarecimiento energético, incrementando las bonificaciones propuestas por el Gobierno para los combustibles.
Por otro lado, el Fondo deriva, además, en una carga adicional para el consumo y, con ello para la renta de los hogares, que pagarán en otros productos energéticos la rebaja de la factura de la luz. De esta forma, y teniendo siempre como referencia las cifras apuntadas en el Proyecto de Ley, cada hogar español puede tener que hacer frente a un sobrecoste de hasta 170 euros al año en la factura de gas natural e hidrocarburos, por un ahorro de aproximadamente 20 euros en la factura de luz. Y este impacto será especialmente dañino para las rentas más bajas, los colectivos más vulnerables y las poblaciones de la España rural y vaciada, donde existe una mayor dependencia del gas y los hidrocarburos, por las necesidades de consumo energético y autonomía en la movilidad.
Junto con todo ello, la Ley se está tramitando en un contexto especialmente complicado para la economía española. La situación derivada de la invasión rusa en Ucrania ha impactado de forma directa en los precios energéticos. Todo ello viene a sumar incertidumbre al mercado energético y un agravamiento de las tensiones inflacionarias, con una repercusión directa no solo en la cesta de la compra de los españoles, sino en toda la cadena productiva.
Frente a ello, AOP considera que existen alternativas más eficaces, más ecuánimes y más transparentes a la creación de este Fondo. La financiación de los costes del RECORE podría abordarse a través de los Presupuestos Generales del Estado o -en su defecto- a través del sistema impositivo, como se ha planteado en otras ocasiones y como se viene defendiendo desde AOP, proponiendo una reforma global de la fiscalidad energética y medioambiental. Esto permitiría, además, hacer más sencilla, transparente y trazable la financiación del RECORE, evitando cualquier tipo de fraude. En caso de no poderse aplicar ninguna de estas dos soluciones, la Asociación pone de manifiesto la necesidad de aplicar exenciones para la industria.
La asociación ya presentó aportaciones en el trámite de audiencia pública sobre el proyecto de ley que se pretende aprobar y sigue reiterando su compromiso con la descarbonización de la economía, la reducción de emisiones y la neutralidad climática, en la que seguirá trabajando y avanzando por diferentes vías, como la producción de ecocombustibles, pero siempre con la misma voluntad de contribuir a una transición energética inclusiva y justa, y a un crecimiento sólido y sostenible.
Sobre AOP
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) está formada por compañías energéticas que operan en España en los mercados de refino, distribución y comercialización de productos petrolíferos.: BP, Cepsa, Eni, Galp, Gunvor, Repsol y Saras.
Actualmente, la presidencia corresponde a Juan Antonio Carrillo, director ejecutivo de refino de Repsol, y el director general es Andreu Puñet.
Se constituyó en 1993 con el objetivo de defender los intereses generales de sus asociados ante la liberalización del mercado de productos petrolíferos, la competencia entre operadores y la libertad de elegir para los consumidores. Desde entonces, ha participado tanto en los cambios regulatorios como en la evolución del sector, incluidos hitos como la liberalización total, con la posibilidad de abrir estaciones de servicio en hipermercados y supermercados, el proceso de digitalización de la industria o, más recientemente, la transición energética y ecológica.
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