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CEEES se solidariza con los transportistas y rechaza la propuesta intervencionista de la patronal automovilística europea.

CEEES reclama libertad de elección para descarbonizar el transporte y exige a la Unión Europea un enfoque basado en la neutralidad tecnológica.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) quiere mostrar su más profunda solidaridad con los transportistas tras la propuesta abiertamente intervencionista plasmada ayer en un comunicado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

Incomprensiblemente, en ese escrito, los fabricantes de camiones piden combatir el intervencionismo con más intervencionismo. En vista de que no son capaces de colocar en el mercado sus vehículos eléctricos (en España se matricularon tres camiones eléctricos pesados durante el pasado mes de enero), proponen a la Comisión Europea una batería de medidas encaminadas a presionar a sus clientes a adquirir este tipo de vehículos. 

ACEA sugiere, entre otras cosas, “obligar a los transportistas y compradores de servicios de transporte a aumentar progresivamente la proporción de sus envíos manejados por vehículos de cero emisiones”.  

Los fabricantes proponen además “implementar tarifas a los usuarios de las carreteras basadas en el CO2 en todos los estados miembro. Garantizar una aplicación rápida y coherente de la Directiva Euroviñeta y ampliar las exenciones totales de peaje para los vehículos de cero emisiones hasta 2030 para mejorar su competitividad en materia de costes”.

Además de reiterar su solidaridad hacia un sector que viene demostrando sobradamente su voluntad de mantener la competitividad y minimizar su impacto en el medio ambiente, CEEES quiere poner el acento en lo especialmente peligrosas que resultan estas ocurrencias para nuestro país.

Ocurrencias peligrosas para España

España es un país periférico de la Unión Europea, por lo que nuestros transportistas invierten más tiempo y energía en situar las mercancías de sus clientes en el corazón del Viejo Continente. Por poner solo algunos ejemplos, situar fresas de Huelva en la frontera hispano-francesa requiere circular 1.300 kilómetros, mientras que los tomates almerienses recorren 1.200 kilómetros en camión sólo para abandonar el país donde han sido cultivados. 

Por eso, cualquier medida coercitiva para los transportistas es literalmente un torpedo en la línea de flotación de un sector estratégico para la economía española. Nuestras empresas de transporte sufrirán un impacto mucho más notable que sus competidores centroeuropeos, lo que afectará negativamente a nuestro sector agrícola e industrial y al conjunto de la sociedad, empobreciendo nuestro tejido productivo y provocando un efecto inflacionario en toda la cadena económica.

Las estaciones de servicio conocemos de primera mano el esfuerzo que nuestros clientes transportistas hacen por minimizar su impacto en el medio ambiente. Adquieren vehículos modernos, con consumos muy inferiores a los que tenían versiones anteriores, y muchos de ellos utilizan ya combustibles renovables, pese a que la fiscalidad desfavorable de estos productos les hace tener un PVP superior al gasóleo de origen fósil”, afirma Javier de Antonio, presidente de CEEES.

Por eso, queremos expresar nuestra más absoluta solidaridad hacia los profesionales de la carretera, pedimos para ellos libertad de elección a la hora de descarbonizar su actividad y reclamamos a la Unión Europea un enfoque basado en la neutralidad tecnológica si de verdad quiere cumplir las reducciones de emisiones de vehículos pesados marcadas por el Reglamento 2024/1610”, sostiene el presidente de la confederación.

Sobre CEEES

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) es una entidad nacional sin ánimo de lucro constituida hace más de cuarenta y cinco años con el objetivo de ser el lugar de encuentro de todos los empresarios españoles de Estaciones de Servicio. CEEES defiende los intereses de miles de empresarios independientes de estaciones de servicio y centra su actividad en la representación de este colectivo ante las diferentes administraciones para obtener mejoras materiales, sociales y laborales para el sector y para el conjunto de la sociedad española. 

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