Álvarez (UGT) pide al Gobierno que acelere el registro horario y envíe el decreto al Consejo de Estado
Insta a la CEOE a abrir una mesa de negociación para intentar acordar un nuevo pacto de convenios
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha vuelto a lanzar este miércoles un ultimátum al Gobierno para que reactive de manera "inmediata" el Real Decreto sobre el control horario y proceda a su envío al Consejo de Estado.
Tras un mes de agosto y septiembre marcados por la crisis en Ceuta, Álvarez ha exigido poner fin al "silencio" institucional y agilizar la tramitación legal para frenar los abusos en la jornada laboral.
"Si no hubiera habido crisis en Ceuta, hoy estaríamos hablando de otra manera", ha reconocido el líder sindical, que ha dicho que "sabe" que se está trabajando en las modificaciones del Real Decreto que el Consejo de Estado pidió en su primera resolución para que no haya "ninguna impugnación inmediata".
"Vamos a darle tiempo al Gobierno pero ese tiempo tiene límites y vamos a plantearle a CCOO que situemos ya esos límites. Podría ser en relación con las mesas del diálogo o puede ser también en relación con la firma de acuerdos. Lo que conviene es, en todo caso, plantearla de manera conjunta, sobre todo si hay elementos que nos permitan poder plantearlo de manera conjunta", ha apuntado Álvarez.
Sobre la impugnación que anunció en su día la CEOE por el uso del Real Decreto para aprobar el registro horario en caso de que éste salga finalmente adelante, Álvarez ha afirmado que en realidad no lo hace por eso, sino porque no le gusta el contenido.
El líder sindical ha criticado además que el Consejo de Estado sólo tuviera en cuenta para su resolución el contenido del informe de alegaciones de la CEOE y ha afirmado que, de poner objeciones al nuevo Real Decreto, UGT presentará su propio informe para que lo tenga en consideración.
En este sentido, durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el sindicato, el líder de UGT ha advertido de que "hay 3 millones de horas extra que no se pagan a la semana porque no hay registro horario", una circunstancia que, según ha denunciado, "afecta directamente a la salud de los trabajadores".
"Hoy quiero decirle al Gobierno que el ultimátum que lanzamos (de no firmar nada ni acordar nada si no se aprobaba el registro horario) está plenamente vigente. Le exijo que nos diga qué va a hacer de manera inmediata, el silencio no puede continuar", ha remarcado.
Preguntado por si los sindicatos incrementarán la presión sobre el Gobierno para que cumpla sus compromisos, no sólo en el registro horario, sino también con la reforma de la absorción de pluses y compensación salarial, Álvarez ha indicado que aún no ha descartado la posibilidad de que el Ejecutivo cumpla con lo pactado. "Yo estoy esperanzado en que, de manera inminente, se avance", ha apuntado.
Esta exigencia en materia de control horario se enmarca en la reivindicación de UGT para abordar "el elemento clave fundamental" de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, un debate que el sindicato quiere trasladar de forma prioritaria a un nuevo acuerdo de convenios (AENC) con la patronal CEOE.
En este sentido, ha recordado que la organización empresarial defendió en su momento su negativa a rebajar la jornada por ley a que era un asunto que debía verse en la negociación colectiva, por lo que le ha instado a abordarlo en el marco del AENC.
ALERTA POR LA INFLACIÓN Y PETICIÓN A LA CEOE
Precisamente, Álvarez ha urgido a la CEOE a retomar las negociaciones para desbloquear el AENC, tras denunciar que se encuentra "aletargado, dormido y sin ningún tipo de interlocución", ni siquiera informal.
En este marco, el secretario general de UGT ha recordado que junto a CCOO hizo una propuesta salarial para dicho acuerdo, que casi ha quedado desfasada por la evolución de la inflación, que ya está en el 4,3% interanual.
"La inflación está haciendo polvo nuestra propuesta de salarios", ha aseverado, avisando de que, si no fuera por las cláusulas de revisión salarial, las organizaciones sindicales se verían obligadas a revisar sus planteamientos de inmediato.
La propuesta salarial que lanzaron UGT y CCOO contempla una subida salarial anual fija del 4% para los próximos tres años, es decir, un incremento de sueldos del 12% hasta el año 2028.
Además, han propuesto una subida adicional del 1% en los convenios donde el salario medio esté un 10% por debajo del salario medio nacional, un 2% adicional para los salarios que están un 20% por debajo del salario medio nacional y una subida del 3% para los que estén por debajo el 30%. De igual manera, plantean un incremento adicional del 1,5% para cada uno de los años en caso de desviación de la inflación.
Álvarez ha señalado que en aquellas empresas donde existe movilización se están cerrando acuerdos con actualización al IPC, pero a costa de "conflictos, huelgas y pérdidas de salarios para los trabajadores".
Asimismo, el líder de UGT ha abogado por introducir en el debate de los convenios colectivos aspectos de primera necesidad como el acceso a la vivienda y la erradicación de la brecha salarial de género.
En este contexto de aumento de los precios y preguntado por si el Gobierno debería prorrogar las medidas anticrisis, Álvarez ha señalado que, aunque el Ejecutivo no ha informado a los agentes sociales de si extenderá en el tiempo las medidas vigentes, UGT está a favor de mantenerlas y ampliarlas en algunos casos, sobre todo para las familias más vulnerables.
REFORMA DEL DESPIDO IMPROCEDENTE E INDEMNIZACIONES DISUASORIAS
Por último, el responsable de UGT ha instado al Ejecutivo a encajar en la legislación española los criterios del Comité Social Europeo en relación con la indemnización por despido.
En este sentido, Álvarez ha urgido al Gobierno a cumplir con las resoluciones europeas e incorporar elementos "disuasorios y de proporcionalidad" que el Tribunal Supremo ha declinado aplicar en sus pronunciamientos más recientes.
"El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Comité de Derechos Sociales, como han hecho en tantas ocasiones, corrigen al Tribunal Supremo", ha recordado el líder sindical, insistiendo en que las resoluciones europeas ratificadas por el Congreso de los Diputados "son plenamente vigentes, forman parte de nuestras leyes y hay que aplicarlas".
EUROPA PRESS
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