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La necesaria proporcionalidad en las sanciones de la CNMC por no comunicar precios de carburantes

La obligación de comunicar al Ministerio los precios de los carburantes responde a un objetivo legítimo: garantizar la transparencia del mercado y permitir que los consumidores comparen precios con información fiable y actualizada. Sin embargo, que la obligación sea legítima no significa que su incumplimiento deba castigarse de forma automática o desmedida. La potestad sancionadora de la Administración tiene límites, y el principal de ellos es el principio de proporcionalidad.

Un principio de rango legal y constitucional.

El artículo 29 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las sanciones no pueden resultar más beneficiosas para el infractor que el cumplimiento de la norma, pero también que deben guardar la debida adecuación con la gravedad del hecho. Para ello, la ley obliga a considerar criterios como el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia de la conducta, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia.

Este mandato enlaza con los principios generales del derecho sancionador, que exigen una respuesta razonable, motivada y ajustada a las circunstancias de cada caso. La normativa del sector de hidrocarburos y la Ley 3/2013, de creación de la CNMC, configuran el marco sancionador, pero ese marco debe aplicarse siempre bajo el filtro de la proporcionalidad.

La realidad de las estaciones de servicio

En la práctica, muchas estaciones de servicio, especialmente pequeños operadores independientes y empresarios autónomos, reciben expedientes por situaciones muy alejadas de una voluntad de ocultar información: retrasos puntuales, fallos informáticos en la plataforma de comunicación, errores en la carga de datos, problemas de acceso a la aplicación o simples dudas sobre plazos y formatos.

En estos supuestos, el perjuicio real para el mercado o los consumidores suele ser mínimo o inexistente, y el incumplimiento, además, a menudo se subsana en cuanto se detecta. Imponer multas elevadas por conductas de escasa entidad rompe el equilibrio que debe existir entre la infracción cometida y la sanción impuesta, y puede suponer una carga económica injustificada para negocios con márgenes ajustados.

La obligación de motivar la sanción

La Administración no puede limitarse a citar el tipo infractor y fijar una cuantía. Debe explicar por qué elige una determinada sanción dentro de la horquilla legal y cómo ha ponderado las circunstancias concretas: la intencionalidad, la duración del incumplimiento, el tamaño del operador, su volumen de negocio, la ausencia de beneficio obtenido y la posible regularización posterior.

Los tribunales han anulado o reducido sanciones cuando la motivación era insuficiente o genérica, o cuando el importe resultaba claramente desproporcionado respecto a la gravedad real de los hechos. Esto demuestra que la resolución sancionadora puede y debe ser revisada.

Actuar a tiempo marca la diferencia

Frente a un expediente sancionador, los plazos son breves y los errores de defensa pueden resultar costosos. Presentar alegaciones técnicas, aportar prueba de los fallos de comunicación, cuestionar la graduación de la sanción o recurrir la resolución puede traducirse en el archivo del expediente o en una reducción significativa de la multa.

Si su estación de servicio ha recibido un expediente sancionador por no comunicar precios de carburantes al Ministerio, no lo asuma sin más. Acuda a JLCASAJUANA ABOGADOS, donde analizarán su caso, revisarán la legalidad del procedimiento y defenderán que la sanción sea justa, motivada y proporcionada.

Autor: Carlos Babot León, director del departamento de Impuestos Especiales e Hidrocarburos de JLCASAJUANA ABOGADOS

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