¿QUE FUTURO NOS ESPERA EN EL SECTOR?

Para contestar a esa pregunta debemos primero analizar el pasado inmediato y el presente actual.

Deberemos coincidir que en aras a la lucha contra el fraude se ha decidido finiquitar la gran mayoría de operadores petrolíferos de este país, bien sea a base de inhabilitaciones o bien a través de retiradas del REDEF (la gran trampa que argumentan es que la baja en el REDEF no te impide la actividad cuando, como todos sabemos, de facto te impide del todo la actividad).

Es decir, aquella famosa “Ley Omnibus” que acababa con las autorizaciones previas se ha quedado en nada puesto que, a día de hoy, la actividad de distribución al por mayor de carburantes está sometida a dos autorizaciones previas: la del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la de la AEAT (REDEF). Sin duda, hemos ido para atrás.

Para dichas inhabilitaciones la Administración está dando argumentos del todo peregrinos o estrambóticos y estamos seguro qué los Tribunales tendrán mucho que decir al respecto.

Gobernando un gobierno progresista que dice luchar por los intereses del pueblo choca que tales medidas den la impresión qué se protege exclusivamente a las grandes petroleras de este País, las cuales se quedan el mercado para ellas solas (prácticamente).

No sólo las medidas adoptadas hasta el momento dejan el campo expedito a las grandes compañías sino que la nueva normativa aprobada tiende a que muy pocos agentes puedan acceder al mercado mayorista de carburantes.

No sólo ello, sino los daños colaterales que dichas medidas han causado y causan en otros agentes, tales como las empresas comercializadoras o intermediarias, en asesores jurídicos, ciudadanos, etc.. no son de desmerecer.

Sin duda, la lucha contra el fraude tiene gran importancia pero nos da la impresión que, como siempre en este País, solucionamos los problemas “matando moscas a cañonazos”. Solución dada al problema: “inhabilita a la mayoría de operadores y no des un solo título más”.

¿Qué futuro nos espera? desde nuestro punto de vista un sector en manos de unos pocos (como era hace años) y un fuerte incremento de los precios que repercutirá en un alza del IPC (véanse los recientes titulares de la prensa: “El INE confirma que el IPC cerró 2024 en el 2,8% por las gasolinas y los paquetes turísticos”). Y estamos solo al principio…

La Ley Omnibus tenía toda su razón de ser porque si un sector queda en manos de unas pocas compañías suele producirse un control de los precios que perjudica a los ciudadanos. Eso es lo que vamos a ver en los próximos años.

Al final, es nuestra opinión, todo ello tendrá un coste político puesto que los ciudadanos pagarán un precio hasta ahora desconocido por los carburantes (miremos a nuestro vecino Portugal) y un fuerte incremento de la inflación que también repercutirá en sus bolsillos.

Al final no todo se puede tener. Creemos sinceramente que la postura adoptada por este gobierno protege a las grandes compañías y perjudica a la ciudadanía, eso sí evita el fraude. Veremos qué opina en poco tiempo la ciudadanía.

FUENTE JL CASAJUANA